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Es ya más que de dominio público en España la penosa historia de un empresario hispano-ruso del sector naviero, junto a su familia, y sus negocios de compra-venta, reparación y mantenimiento de buques con el Estado de Guinea Ecuatorial. Es el conocido desde hace años como ‘caso Kokorev’, que lleva el apellido de Vladimir (el hombre de negocios bajo sospecha) junto a su mujer Julia y su joven hijo Igor. Bajo sospecha, según los informes de la UDYCO canaria, porque como la juez de Las Palmas Ana Isabel de Vega Serrano entiende que este anciano (ya retirado de su oficio) ejerció de testaferro de Teodoro Obiang lavando supuestamente unos 20 millones de euros.

Aún así, y con una instrucción que se prolonga ¡una década!, el diario El País ya ha establecido la culpabilidad de la familia (que aún no aparece en las bases de datos jurídicas) a través de un artículo demoledor. Para ello, el diario de PRISA se apoya en las ‘pruebas esenciales’ servidas a jueza y policía canaria por un ex abogado de la familia (afincada durante dos décadas en Las Palmas y Madrid) que tiene varias causas penales abiertas en su país, Panamá, y medidas cautelares que restringen su libertad y sus movimientos. El hecho es que el citado Ismael Gerli parece que no cobró los honorarios que le exigió a la familia, y a partir de ahí comenzó su campaña de amenazas, extorsión, chantaje y presumible colocación en el proceso de pruebas falsas.  

A pesar de la truculenta historia, que mantiene a la familia Kokorev más de 23 meses en la cárcel canaria de Juan Grande, estaríamos ante delitos fiscales y de blanqueo de capitales muy poco presuntos según la instructora De Vega Serrano. En estas circunstancias, cabe preguntarse, ¿es esta tesis fruto de alguna indicación/orden de la Agencia Tributaria o la Dirección General de la Policía? Si no se pudieran acreditar en toda su extensión los delitos en un juicio oral con todas las garantías, ¿se estaría asegurando el Estado, por anticipado, que los Kokorev van a cumplir el máximo previsto en la prisión provisional o preventiva? ¿Y casa esta circunstancia y decisión con algún tipo de legitimidad/legalidad democrática? ¿Podría Su Señoría en el futuro ‘comerse el marrón’ de una absolución? ¿Con qué consecuencias? Que se lo cuenten a Bárcenas, Rato, Urdangarín, Villar o, disculpen, Blesa, que no pudo resistir la presión de alguna entrada preventiva, o Rita Barberá.

En el caso Kokorev, queda aún la duda de qué ocurriría si especialmente el anciano Vladimir sufriera daños irreversibles en su salud dados los complejos problemas que padece y arrastra. Por más conocimiento que adquiero de este caso sigo haciéndome preguntas sobre el principio de presunción de inocencia y la independencia judicial, que a su vez contradice el principio de responsabilidad de Jueces y Fiscales por la vía de la responsabilidad patrimonial. En un penal canario, pronto una familia desbordará los dos años de provisional por blanqueo de capitales; un proceso inédito, en muchos y cuestionados aspectos, en la ya dilatada historia de la muy necesaria lucha judicial contra la corrupción.




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