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La posibilidad de sancionar penalmente a una persona jurídica ha traído consigo múltiples cuestiones que a día de hoy no han encontrado una respuesta unánime en la doctrina ni en la jurisprudencia. Un ejemplo lo encontramos en el delito contra la Hacienda Pública (art. 305 y siguientes del Código Penal), concretamente en aquellos casos en los que una persona, física o jurídica, delega en una entidad todo el proceso que supone el cálculo, la presentación y el pago de sus obligaciones tributarias.



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