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El sistema norteamericano de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas descansa en el sistema vicarial, concretamente en la doctrina del respondeat superior a partir de la cual es posible imputar responsabilidad a la persona jurídica por los hechos cometidos por sus empleados, generando un sistema de responsabilidad por transferencia, mientras que el sistema español parece dirigirse hacia una imputación por el hecho propio, renunciando al sistema vicarial por el que se decantaba la ya famosísima Circular 1/2016, pero el sistema norteamericano tiene –en mi humilde opinión- un elemento que considero que tarde o temprano debe incorporarse en nuestro ordenamiento, y es el hecho de que en el ordenamiento federal norteamericano, así como en los estatales, las personas jurídicas de naturaleza pública también pueden ser penalmente responsables.


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