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La aprobación de la Ley 5/2010 que reformó el Código Penal introdujo como novedad la incriminación de las personas jurídicas, se pasó así del principio “societas deliquere non potest” al principio “societas delinquere et puniri potest”. El nuevo régimen de responsabilidad penal incentivó a la autoorganización de las personas jurídicas, fijó un catálogo cerrado de delitos susceptibles de reproche penal y, lo más importante, estableció el criterio de imputabilidad basado en el principio de traslación objetiva, es decir, la actuación de las personas físicas tenía consecuencias en la empresa. ¿De quién? De todos aquellos sujetos que estén en la órbita del dominio social.


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