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La pregunta que se quiere contestar en estas líneas se enuncia así: ¿Qué momento y trámites ofrecen nuestras normas procesales para provocar ese pronunciamiento judicial sobre la ilegitimidad de una prueba y su consiguiente exclusión del proceso? (1)

Nuestro ordenamiento procesal penal no ofrece una respuesta clara. Una reciente STS-106/2017, de 21 de febrero -EDJ 2017/11445-, brinda una buena ocasión de volver sobre este tema pendiente de una clarificación que seguramente no podrá venir más que de la mano de una reforma legislativa. Aunque entiendo que con un poco de imaginación y sin forzar la legislación vigente unas pautas más claras que las borrosas en las que nos movemos, podrían implementarse trasplantándolas desde el proceso civil. Esa dirección es sugerida por la referida STS.



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