El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha condenado a siete años de inhabilitación profesional a una exjefa de servicio de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias por un delito de prevaricación.
La sentencia considera probado que la mujer, docente de profesión, fraccionó en dos un mismo encargo informático pese a ser "perfectamente conocedora de que ambas aplicaciones informáticas eran interdependientes y que su contratación debía tramitarse conjuntamente". La empleada pública, recoge la sentencia, "tenía especial interés en concluir la tramitación antes de fin de año para abonar los gastos a la empresa adjudicataria con cargo al presupuesto de ese ejercicio". Ese afán de aprovechar el dinero reservado en aquel curso la llevó a dividir el encargo "y otorgarles la naturaleza de contratos menores con un inviable -por brevísimo- plazo de ejecución".
El contratista, una multinacional puntera en el sector de la informática, asumió el encargo con el compromiso de resolverlo en un mes, algo «imposible», según declaró en el juicio la que fue designada por la sociedad como jefa de proyecto. La consecuencia de todo ello es que cuando expiró el plazo de entrega, la compañía remitió a la funcionaria un email con un documento explicando las funcionalidades de las aplicaciones y parte del código de programación desarrollado. Con esos elementos, la entonces jefa de servicio de la Consejería de Educación autorizó que se pagara a la empresa a pesar de que "ninguna de las aplicaciones estaba operativa en el momento de prestar su conformidad a las facturas", según recoge el fallo.
Por estos hechos la funcionaria ha sido inhabilitada siete años para "empleo o cargo público, con privación de cualquier empleo o cargo de jefatura de servicios o análogos, en todo el territorio nacional", aunque la sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial.
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