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Cuando una persona ingresa en un centro penitenciario en España existen unos protocolos de actuación para detectar si pudiese tener algún tipo de discapacidad. Son diseñados por Instituciones Penitenciarias aunque cada centro penitenciario puede adaptarlo modificándolo según el tipo de reclusos que allí residen. Algunos de los residentes en el momento de ingreso ya tienen reconocida alguna discapacidad o estaban en vías de proceso para obtener el certificado de discapacidad. Estas medidas se basan en la normativa constitucional que en su artículo 49 ordena a los poderes públicos que realice actuaciones tendentes a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a las que se debe prestar la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos fundamentales.


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