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  • Han pasado más de dos años desde que la juez Ana Isabel De Vega, en Las Palmas, ordenase el ingreso en prisión preventiva del supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, Vladimir Kokorev. Y la instrucción empieza a ser corregida y cuestionada con fuerte intensidad y desde distintos frentes e instancias.

El Parlamento Europeo ya ha escuchado (hace dos semanas, en Bruselas, salón ‘Loyola de Palacio’) las irregularidades producidas en la investigación judicial y policial del llamado ‘caso Kokorev’, en una sesión que contó con los abogados de la familia rusa, varios expertos en derechos humanos y eurodiputados, liderados por el italiano Fulvio Martusciello. El proceso, que ha desatado durante su dilatada investigación de más de 10 años toda suerte de quejas y denuncias, algunas residenciadas en el Consejo General del Poder Judicial, entrará de hecho en los próximos días en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, donde se pedirá la revisión de las irregularidades varias, incluida la posible apreciación de xenofobia: el empresario ya jubilado y enfermo, su mujer Julia y su hijo Igor viven desde hace más de veinte años en España pero son de origen ruso.

En este sentido, los abogados de Vladimir Kokorev (acusado de blanquear supuestamente unos 20 millones de euros) han presentado un llamamiento a través del cual convocan al Parlamento Europeo no sólo a que tome posición sobre una instrucción judicial y policial que estaría vulnerando derechos fundamentales básicos de ciudadanos comunitarios. Urgen, a más abundamiento, “a tomar medidas que tengan por efecto aclarar, investigar y rectificar una violación de derechos”. Europa examinará si, también con el acompañamiento de la Audiencia Provincial de Las Palmas, se está vulnerando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que establece el derecho de cualquier ciudadano “a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad durante el procedimiento”.

Dos son las cuestiones que están planteadas conjuntamente por este motivo. En primer lugar, “que desde 2004 se investigan los hechos habiéndose archivado por decreto de la Fiscalía española especializada en delitos económicos y anticorrupción en dos ocasiones al no apreciar indicio alguno de la existencia del delito de blanqueo de capitales”. En segundo lugar, que “en virtud de una querella criminal de una asociación privada, desde el año 2009, se sigue un proceso judicial sin que existan motivos para pensar en una pronta finalización de la investigación y mucho menos un próximo enjuiciamiento, como señalan en sus últimas resoluciones la juez investigadora y la acusación”.

Los abogados de la familia entienden que para la Unión Europea no puede pasar desapercibido el hecho de que “durante más de dos años las investigaciones no han avanzado sustancialmente de modo que se haya podido concretar suficientemente la imputación por blanqueo de capitales, único delito que se les imputa [a un empresario sin antecedentes penales] y que en la legislación penal española está penado con una pena máxima de seis años”. El texto remitido a Europa plantea la posibilidad de que en la instrucción del caso se puedan terminar buscando “finalidades ejemplarizantes u otro tipo de razones extrapenales”.

La vulneración del derecho de defensa y la polémica de “los volcados”

                La actuación de Ana Isabel de Vega, en el Instrucción nº 5 de Las Palmas, y del fiscal Luis del Río Montesdeoca han sufrido además un nuevo revés. Después de más de un mes, la magistrada sigue sin acatar la resolución de la Audiencia Provincial que el 13 de septiembre ordenó la entrega de la copia de los volcados de los soportes informáticos intervenidos a Vladimir. La AP se pronunció en la línea de los abogados de los Kokorev, en la convicción de que sin el acceso a esta información se estaría conculcando el derecho de defensa, una petición que previamente -en el mes de junio- había sido negada por la instructora, según se establece ahora “sin argumentos jurídicos”.

El hecho es que ahora se ordena a la instructora que se le entreguen a los letrados las copias de los discos duros del conjunto de los dispositivos que se intervinieron hace ya más de dos años, sobre los que se había alegado hasta ahora que no podían facilitarse a las defensas ya que los volcados estaban “siendo objeto de análisis por la policía”. También la juez se había negado a que se tomara declaración a los agentes de la UDYCO que investigan el caso, alegando que carecía de “razón de ser”, mientras la AP entiende, por el contrario, que podrían “arrojar luz a la causa”.

En escrito dirigido al Juzgado de Instrucción nº5, los abogados de la familia hispano-rusa subrayan lo crucial de la garantía de los volcados al afectar directamente a la cadena de custodia: “tratándose de evidencias electrónicas, más fácilmente destruibles, alterables o manipulables -aun de forma involuntaria- resulta absolutamente necesario garantizar que los datos o contenidos que, como evidencias electrónicas, van a ser sometidos al órgano de enjuiciamiento se corresponden exactamente con los que se encontraban almacenados en los dispositivos incautados”.

Ya en auto del pasado 27 de septiembre, la Audiencia Provincial de Las Palmas corrigió a la magistrada de Vega al decretar la libertad de la esposa de Vladimir Kokorev, justificándola bajo la razón de que su mantenimiento en la cárcel canaria de Juan Grande podría producir “que la investigada cumpliese anticipadamente la pena de cuatro años de prisión, antes del juicio”; y añadiendo que nos podríamos situar en un escenario “atentatorio de los principios constitucionales, al materializarse “un cumplimiento anticipado y absolutamente discrecional de la pena que tras el juicio pudiera imponerse”.




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