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El vigente Código Penal Militar, que entró en vigor el 15 de enero de 2016,  tiene por objeto que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal, sean estrictamente castrenses, en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar.



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