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Pascual Fernández, Valentín Pich, Juan Ramón Cuadrado Roura y Amadeo Petitbó

Algunas de las medidas, como la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros o el cambio en el sistema de nombramientos de los reguladores, son valoradas positivamente por los economistas.

No obstante, estiman que, en otras cuestiones, el modelo que se propone no es el que impera en la mayoría de países de nuestro entorno, por lo que habrá que prestar atención a la forma en que se articula

Con motivo de la presentación del número 12 de la revista 3CONOMI4 del Consejo General de Economistas, destacados especialistas se han reunido esta mañana en la sede de dicho Consejo para analizar el binomio regulación y competencia.

El debate de los expertos en la materia se ha centrado fundamentalmente en el análisis delAnteproyecto de Ley sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de su gobernanza, que el Ministerio de Economía ha sometido a consulta pública hasta el 17 de marzo, y que tiene como objetivo reordenar los organismos reguladores y supervisores en el ámbito económico y financiero en España, así como la arquitectura institucional de la defensa de la competencia.

Actualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) es un superregulador que integra 18 organismos. Como ha recordado Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas de Madrid “este organismo se creó en 2013, cuando el déficit público de nuestro país era del 6,62%, por lo que era conveniente implementar medidas de ahorro como esta, agrupando entidades en una sola para reducir gastos”. Además –ha señalado Fernández– “en este tiempo la CNMC ha cumplido su papel con dignidad, si bien ahora, con la actual situación económica, quizá sería conveniente repensar el modelo”.

Lo que ahora propone el anteproyecto es dividir las funciones de la CNMC en dos organismos independientes. A este respecto, todos los ponentes han coincido en valorar positivamente la medida. Así, Juan Ramón Cuadrado-Roura, catedrático de Economía Aplicada y titular de la Cátedra Jean Monnet UE y Política Económica, ha señalado que “esta nueva reforma planteada por el Gobierno –e impulsada por Ciudadanos– conducirá a separar de nuevo la Comisión que entiende los temas relacionados con la competencia, de los organismos reguladores sectoriales, cuya misión es bastante distinta: vigilar el cumplimiento de las regulaciones de cada sector, proponer modificaciones y cambios en función de la realidad”.

Como ha señalado Amadeo Petitbó, catedrático de Economía Aplicada y ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, “después de un breve recorrido de la CNMC, ahora se somete a consulta pública un Anteproyecto de ley que plantea una nueva organización de las denominadas Autoridades Administrativas Independientes. El documento no incluye un texto articulado sino, tan sólo, una declaración de intenciones, general y epidérmica”. Pese a ello, hay algunas cuestiones incluidas en el texto de las que los economistas hacen una valoración positiva, como, por ejemplo, la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros –cuyas competencias se hallan ahora repartidas entre los supervisores de banca, valores y seguros, y a la que habría que ver cómo se dota de recursos– o el cambio en el sistema de nombramientos de los órganos de gobierno de esta nuevas autoridades independientes –que según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, deberían ser decididos por el Parlamento–.

No obstante, según Pich, hay otras cuestiones que podrían resultar más controvertidas, como, por ejemplo, la adscripción a la CNMV del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas –órgano supervisor de la actividad de la auditoría–. A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas advierte que “en la gran mayoría de los estados miembros la autoridad supervisora de la auditoría es independiente, por lo que quizá convendría crear una Autoridad Administrativa Independiente más -el ICAC-, máxime si tenemos en cuenta que este organismo está bien dotado de recursos propios gracias a las tasas que pagan los auditores”. No obstante, si finalmente se decidiera incorporar al ICAC dentro de la CNMV –algo a lo que, en principio, los economistas no verían como un gran problema–, Pich cree que sería importante que “la organización resultante esté estructurada de forma que no se den conflictos de intereses, ya que con este modelo la entidad auditada y el auditor de cuentas serían supervisados por una misma autoridad”.




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