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El Gobierno ha publicado de manera urgente el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo (RDL), por el que se transpone la Directiva 2014/04/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 (Directiva), en el ordenamiento jurídico español.  Transcurridos pocos días del reproche que el Tribunal Constitucional haya lanzado al gobierno un duro reproche por el empleo de la figura del Real Decreto-Ley para materias que en principio merecen una tramitación ordinaria (nos referimos al varapalo relativo a la famosa “amnistía fiscal”), llama la atención, de nuevo, el uso de esta figura de urgencia para aprobar una reforma que, por su gran alcance al afectar en potencia a la totalidad del tejido empresarial de nuestro país, bien merecía haber sido tramitada siguiendo cauces más susceptibles de debate pausado. En los últimos días ha habido un desarrollo parlamentario y es que se ha decidido que se va a tramitar el RDL finalmente como proyecto de Ley por vía de urgencia (artículo 86.3 de la Constitución) con lo que no se puede descartar que el texto final sufra reformas.



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