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La Ley de “segunda oportunidad” es como coloquialmente se conoce al Real decreto 1/2015 de 2 de febrero de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

La regulación modifica, entre otras, la Ley Concursal del 2003 en referencia a los efectos económicos que soporta el deudor (persona natural) como responsable del pago de los créditos restantes de un concurso de acreedores, sea por liquidación o insuficiencia de la masa activa.

1. ¿Cuál es la novedad?

El deudor tiene la posibilidad de disfrutar del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, siempre que se den determinados requisitos:

  • El concurso de acreedores tiene que haber concluido en su modalidad no culpable.
  • El deudor tiene que ser de buena fe.

2. ¿Qué se entiende por “buena fe”?

Se entenderá que un deudor actúa de buena fe y, por lo tanto, reúne este requisito indispensable para acogerse la Ley de la Segunda Oportunidad siempre que:

  • No haya estado condenado por delitos contra el patrimonio.
  • Haya intentado un acuerdo extrajudicial siguiendo el artículo 231 de la Ley Concursal.
  • Haya satisfecho el total de créditos contra la masa y privilegiados, pero además:
    • Haya intentado un acuerdo extrajudicial de pago o
    • Haya liquidado al menos, el 25% de los créditos ordinarios.
  • De no cumplir con el punto anterior, deberán concurrir los siguientes requisitos:
    • Que haya aceptado someterse a un plan de pagos.
    • Que no haya sido beneficiario de la Ley de la Segunda Oportunidad en los últimos 10 años.
    • Que no haya rechazado una oferta de trabajo adecuada en los 4 años anteriores a la declaración de concurso.
    • Que acepte expresamente que el beneficio de exoneración se inscriba en el Registro de Morosidad durante 5 años.

3. ¿A quién puede beneficiar?

Hasta ahora, sólo las empresas contaban con un procedimiento legal para la exoneración de sus deudas. Con esta nueva regulación tanto ciudadanos particulares como profesionales autónomos podrán evitar tener que afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro.

4. ¿Cómo funciona el procedimiento?

1. El deudor inicia el proceso con la petición de exoneración del pasivo insatisfecho (artículo 178 bis de la Ley Concursal), que se tramitará en el Juzgado que ha gestionado el concurso de acreedores.

2. Se traslada la petición a los acreedores y al Administrador Concursal, para aprobarla u oponerse.

  • En caso de aprobación, el deudor disfrutará del beneficio de exoneración de los créditos ordinarios y subordinados pendientes a fecha de concurso (excepto los créditos públicos y por alimentos). El resto de deudas no exoneradas serán liquidadas por el deudor sin intereses, en un plazo máximo de 5 años desde la declaración del concurso de acreedores, previa aprobación judicial del plan de pagos correspondiente.
  • En caso de oposición, se tramitará por la vía del incidente concursal.

Se trata de un proceso judicial en el que el profesional o particular puede solicitar la ayuda de un mediador concursal que haga de interlocutor con sus acreedores.

5. ¿Qué ocurre si el deudor no cumple con los requisitos?

Conviene tener en cuenta que el beneficio puede ser revocable a petición de los acreedores si observan mala fe por parte del deudor u obtención de ingresos no declarados. En este caso, el deudor volvería a contraer las deudas y los acreedores recuperan plenamente su derecho de crédito. 




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