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En varias sentencias dictadas en 2000 y en 2015, el Tribunal de Justicia examinó si dos contribuciones sociales francesas (la contribución social generalizada ―«CSG»― y la contribución para el reembolso de la deuda social ―«CRDS»―) podían gravar los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y los rendimientos del patrimonio de trabajadores que, a pesar de residir en Francia, estaban sujetos a la legislación de seguridad social de otro Estado miembro (generalmente porque ejercían una actividad profesional en este último Estado).



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