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Tradicionalmente, la jurisprudencia había venido señalando que el despido de un trabajador basado en pruebas obtenidas mediante sistemas de videovigilancia instalados en la empresa tenía que contar con el pleno conocimiento y consentimiento del trabajador en cuanto a la existencia, finalidad y objetivo de su instalación. La consecuencia es que los despidos fundamentados en este tipo de material probatorio rara vez se consideraban procedentes, pues se entendía que el sistema de videovigilancia vulneraba el derecho a la protección de datos del trabajador afectado. -



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