• La Asociación Nacional de Laboralistas pide medidas para agilizar los procesos y evitar pronunciamientos contradictorios.
• Que un mismo accidente laboral acabe en distintos juzgados provoca situaciones perjudiciales para la seguridad jurídica, más litigiosidad y mayores recursos.
• Reivindica que se mejore por los jueces la valoración hacia los peritos médicos privados.

. La Asociación Nacional de Laboralistas, ASLANA, ha analizado una serie de cuestiones conflictivas referentes al proceso de Seguridad Social que se enmarcan dentro de un documento elaborado por el grupo de trabajo de Seguridad Social de la asociación.

Los retrasos en los señalamientos a juicio en las demandas de impugnación de alta médica o incapacidad es uno de los asuntos controvertidos que desde ASNALA se reivindica puesto que, aseguran, “tardan por lo general mucho, creando situaciones a veces dramáticas en las que el trabajador fallece sin que se haya celebrado el juicio”, manifiesta Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Se echa de menos, además, la falta de una doctrina unificada que aporte claridad de criterio en temas de incapacidad o impugnación de alta médica dado que se pueden producir diferentes pronunciamientos ante situaciones idénticas. Y por ello, la asociación propone establecer mecanismos de reparto de los temas por los que el procedimiento se lleve exclusivamente en un juzgado que conozca la materia. Pero, sin embargo, Gómez reconoce que la solución pasa también por la especialización de jueces en la materia y la dotación de mayores recursos a los jueces y magistrados.

Para evitar que un litigio que deviene del mismo accidente laboral acabe en distintos juzgados, ASNALA propone crear una regla de reparto de asuntos para que todos los procedimientos vayan al mismo juez. De esta forma se evitan situaciones perjudiciales para la seguridad jurídica que da pie a que haya más litigiosidad y que se empleen más recursos. Cabe destacar, para tenerlo en cuenta, que la Ley reguladora de la jurisdicción social ya establece la posibilidad que tiene el demandante de pedir que lo vea el mismo juez, pero, sin embargo, no se recurre en la práctica a dicha posibilidad.

En la misma línea, Gómez considera que suele haber descoordinación entre las mutuas y la seguridad social en los procesos de baja.  “Los procedimientos de gestión de las altas y de las bajas no son ágiles y dan lugar a incertidumbre tanto para el trabajador como para las empresas”, aclara Gómez. Desde ASNALA consideran que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debería tomar un papel protagonista a la hora de gestionar las bajas médicas, en lugar de que lo hagan los servicios de atención primaria, para los que supone una carga burocrática. “Conseguiríamos simplicidad para que los plazos se acorten lo máximo que se pueda”, aclara Gómez.

Dentro del documento de trabajo de Seguridad Social de ASNALA también se hace referencia a los descubiertos de cotización provocados porque la empresa deja de pagar la cotización al trabajador en algún momento de la vida laboral y ello provoca en ocasiones un daño irreparable cuando el trabajador va a pedir una invalidez o una jubilación, al ser demasiado tarde quizás para reclamar al empresario. Se reivindica que la ley contemple la posibilidad de que el trabajador, cuando se percata, demande ante un juzgado para que se declaren esos descubiertos de cotización a la seguridad social. De esta forma se evitarían situaciones no deseadas, sobre todo con las pensiones de jubilación.

La presidenta de ASLANA también ha puesto de manifiesto el escaso crédito en líneas generales que los órganos judiciales dan a los peritos médicos privados en los procedimientos de incapacidad, con el consiguiente problema de indefensión. Para solucionar esta situación, desde el grupo de trabajo de Seguridad Social de ASLANA proponen la creación de un listado de médicos forenses que asistan en la jurisdicción laboral exclusivamente. A pesar de que los médicos forenses están ya contemplados en la Ley, en la práctica no se suele recurrir a ellos por la falta de medios y la escasez de médicos para los asuntos de seguridad social.