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Pasan los meses y sigue en el tejado del CGPJ la responsabilidad y obligación de identificar al magistrado de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en septiembre de 2016 se prodigó y explayó en obscenos comentarios xenófobos contra ciudadanos extranjeros, particularmente rusos, italianos y rumanos. Como se recordará, de los rusos aseguró que “fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos”. De los italianos del sur “mafiosos todos, de Roma para abajo”. Y respecto a las rumanas aseguró, “todas putas”.

Desde el Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias presentamos una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y otra ante el CGPJ por estas deplorables manifestaciones realizadas “sin ningún género de dudas”, según han filtrado algunos medios, por el magistrado Carlos Vielba.

Cuando por fin parecía que se iba a resolver oficialmente qué magistrado hacía comentarios de tinte xenófobo (y las medidas disciplinarias que sobre él podían recaer), tras meses de inactividad del TSJC, y después de conseguir que el Promotor de la Acción Disciplinaria (PAD) del CGPJ abriera diligencias de investigación al respecto… se produce la dimisión del Magistrado Herrero-Fonseca, paralizando el proceso nuevamente.

En sustitución suya asume las responsabilidades del cargo de manera temporal, y hasta que se designe formalmente nuevo PAD, el magistrado José María Sierra. Sin embargo, sólo resolverá los asuntos de urgencia, dejando los que no lo sean, -como las diligencias informativas-, a la espera del nombramiento de un sustituto definitivo, que si bien es una incógnita, se barrunta que pudiera ser el magistrado Ricardo Conde.

Confiamos en que en el próximo Pleno se decida quién será el nuevo PAD, momento en el que se retomarán los expedientes pendientes, entre ellos las diligencias informativas que atañen al “magistrado bocazas”. Así lo bautizaron algunos medios de comunicación, con la máxima y mejor intención gráfica pero rebajando la gravísima acción que significa que un alto funcionario del Estado se manifieste abierta y rotundamente de forma xenófoba afectando a la libertad de ciudadanos asentados en España.

Mientras se resuelve esta queja, que se presentó ya hace medio año, se mantiene el interrogante de lo que pueda ocurrir si por reparto toca en esta Sección de la AP de Las Palmas algún procedimiento relativo a ciudadanos rusos, rumanos o italianos.

En este sentido, como Letrado del Consulado Honorario de Rusia, me causan especial preocupación los recursos que presente eventualmente la familia hispano-rusa Kokorev, en prisión preventiva durante casi 22 meses; entre otras razones, por el empeoramiento del estado grave de salud del anciano Vladimir. Y porque existe el precedente de que el identificado oficiosamente por la prensa “sin ningún género de dudas” como magistrado xenófobo ha sido el ponente del tribunal que ha negado hasta en tres ocasiones la libertad provisional al empresario de 65 años, Vladimir Kokorev, su esposa, también de 65 años, Julia Kokoreva, y su hijo Igor, de 35 años, quienes arrastran casi 22 meses en prisión preventiva.

A nuestro modo de ver hay un riesgo cierto de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución Española. En cualquier Estado de derecho que se precie, es absolutamente determinante contar con las debidas garantías de imparcialidad que la Justicia debe brindar a cualquier investigado, hecho que -tras las manifestaciones de este magistrado- queda en entredicho si fuera él mismo quien resolviera o participara en la resolución de los citados recursos. 




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