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Si hay una regulación que en los últimos años ha logrado poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos sobre lo inadecuado de su promulgación y su más que posible carácter inconstitucional esa norma es la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Cuesta recordar una Ley que haya concitado tanta contestación y animadversión por todos los profesionales afectados, que mostraron una unánime opinión sobre que se estaba produciendo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.


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