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El Partido Popular de Aragón ha presentado en las Cortes de Aragón la Proposición de Ley Aragonesa de Garantía Jurídica Universal.

Se trata de dar cobertura con rango de Ley al Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica a Inmigrantes (S.A.O.J.I.), Servicio de Asesoramiento Jurídico individualizado a Mujeres (S.A.M) y al Servicio de Orientación Penitenciario (S.O.P.), mediante una decisión política de un parlamento, que atribuya a los Colegios de Abogados la responsabilidad de organizar y prestar estos servicios y todos ellos incluidos en la Justicia Gratuita.

Los Colegios de Abogados de Aragón, liderados por el de Zaragoza, prestan desde hace más de veinte años estos servicios y como consecuencia de su experiencia, detectaron que ciertas personas, por sus características personales, sociales y económicas, necesitaban una atención especial y reforzada más allá de la tradicional Asistencia Jurídica Gratuita.

Estos servicios, con el tiempo han sido incorporados en diferentes momentos por las administraciones públicas dentro del catálogo de servicios públicos que ofrecen.

En lugar de incorporarlos bajo la cobertura del departamento responsable de la Administración de Justicia, se hizo por separado, dentro de los organismos aragoneses competentes en función del perfil de los destinatarios (Instituto Aragonés de Servicios Sociales e Instituto Aragonés de la Mujer).

Esta dispersión basada en el perfil del destinatario genera disfunciones en los servicios.

Hasta ahora, los diferentes organismos del Gobierno de Aragón firmaban convenios con los Colegios de Abogados, para que fueran estos quienes prestaran los servicios y que renovaban periódicamente.

Este hecho deja la puerta abierta, cada cierto tiempo, a revisar el alcance o incluso la necesidad del servicio en función de las disponibilidades presupuestarias o de interpretaciones políticas sobre la prioridad política de los mismos.

Igualmente, este sistema de renovaciones periódicas, pone en riesgo, cada cierto tiempo, la continuidad de los servicios consecuencia de las interpretaciones de algunos técnicos que entienden que son servicios susceptibles de competencia económica y como tales, pretenden abrir estos servicios a la concurrencia competitiva, considerando que los Colegios de Abogados prestan los servicios con ánimo de lucro y no por vocación de servicio público, ignorando las sinergias que la justicia gratuita y el turno de oficio tienen con estos servicios de asistencia y orientación jurídicas.

A mayor abundamiento, la posibilidad de incluir estos asesoramientos en una ley, permite sustraerlos a riesgos de impugnaciones de procedimientos legales, de atribución de subvenciones, defectos en convocatorias, etc…

Por ello, la finalidad de esta Proposición de Ley Aragonesa de Garantía Jurídica Universal es dar cobertura con rango de ley al S.A.O.J.I., al S.A.M. y al S.O.P., para que, por decisión política de un parlamento, se atribuyan a los Colegios de Abogados la responsabilidad de organizarlos y de prestarlos, incluyendolos dentro de la Justicia Gratuita.

Por ello, incorporar a estos grupos de personas, como destinatarios de asesoramientos y orientaciones jurídicas especializados y dentro de la asistencia jurídica gratuita por ley, pretende universalizar la garantía jurídica propia del estado social y de derecho.

Con esta Proposición de Ley Aragonesa de Garantía Jurídica Universal, pionera en España, se reconoce también la labor de vanguardia que en la puesta en funcionamiento de estos servicios tienen los Colegios de Abogados de Aragón y en especial el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.




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