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  • La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), en su reivindicación de una verdadera participación de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales  o judiciales, ha emitido un comunicado que reproducimos más abajo con motivo de la proposición de candidaturas de designación senatorial a miembros del Tribunal Constitucional que tienen que hacer las Comunidades Autónomas antes del 19 de diciembre. 
  • Esta Asociación considera que se está ante una nueva oportunidad de equilibrar la presencia femenina en el Alto Tribunal, en el que solo cinco mujeres han formado parte sobre un total de 57 personas desde su creación. 

 


La representación equilibrada de hombres y mujeres en las altas jerarquías judiciales nacionales e internacionales, así como en los cargos u organismos internacionales de mayor responsabilidad sigue siendo, en el s. XXI, una quimera.

La igualdad formal galopa tras una igualdad real inalcanzable.

El techo de cristal, ese elemento arquitectónico que sirve para definir la castración profesional de las mujeres del mundo, sigue siendo infranqueable para las féminas en casi todos los sectores económicos y con mayor virulencia en las cúpulas de todos los poderes desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo.

Hasta 2015, sólo el 17% de los principales Tribunales Internacionales estaban integrados por mujeres y en los Tribunales Regionales de Derechos Humanos sólo el 25% son magistradas.

Y los datos de representatividad femenina en los puestos de liderazgo de la justicia española no son más halagüeños.

En la Carrera Judicial, nunca se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo. Sólo el 13% de las plazas del Alto Tribunal son ocupadas por mujeres. Una y sólo una, de las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia tiene nombre de mujer y tan solo 8 de las 50 presidencias de las Audiencias Provinciales de nuestro país son dirigidas por una magistrada. Todo ello en el seno de una Judicatura, en la que más de la mitad de las sentencias son rubricadas por unas juezas que nunca aparecen en la foto oficial de la justicia que cada año ilustra la apertura del año judicial.

Nuestro Tribunal Constitucional, paradójicamente, arroja unas cifras todavía más alejadas del equilibrio que debiera imperar en un órgano que representa la esencia de los cuatro valores constitucionales superiores, entre los que se incluye la igualdad. Desde 1980, 57 personas han ocupado la alta magistratura y sólo 5 han sido mujeres (el 8%). Dos de ellas han sido Vicepresidentas (Gloria Begué y Adela Asúa) y una Presidenta (Maria Emilia Casas).

En la propuesta que las Comunidades Autónomas (CCAA) hicieron al Senado en el año 2010, para nombrar los 4 magistrados/as de designación senatorial, se presentaron 22 nombres. Solo 4 de ellos eran de mujeres (18%). Solo se eligió a una de cuatro. Dentro del cuerpo técnico de “Letrados” del Tribunal Constitucional, las mujeres solo alcanzan el 36% en la actualidad (20 de 55). Ninguna mujer ha ocupado nunca la Secretaría General de la institución. Ninguna ha sido nunca jefa de servicio.

Se abre ahora, una nueva oportunidad en este Tribunal para avanzar hacia una representación equilibrada, como requisito de legitimidad democrática de este prestigioso órgano.  El próximo 19 de diciembre de 2016 se acaba el plazo para que las CCAA propongan sus candidaturas en el proceso de renovación de 4 de sus integrantes, de nuevo en aquellos que corresponde nombrar al Senado. Es el turno para que los/as representantes de la política española, asuman sus responsabilidades y den cumplimiento a la exigencia de igualdad real, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14. 1º y 4º de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) reivindicamos una verdadera participación de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales. El Tribunal Constitucional, debe ser un referente ejemplar de la pluralidad social, y especialmente en la aplicación real (no formal) del principio de igualdad , no sólo como valor vertebrador de las resoluciones constitucionales sino también  como valor auténtico y endógeno manifestado en una representación equilibrada de los hombres y mujeres que lo integran.  Más mujeres, más Justicia.




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