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No es en absoluto un tema exento de controversia el relativo a la vinculación de los Tribunales españoles a la jurisprudencia y doctrina jurisprudencial que emana el Tribunal Supremo en sus sentencias. Existe un amplio y potente sector doctrinal que defiende que esta obligatoriedad puede llegar a interceder en la independencia del sistema judicial y en su libertad para juzgar en un determinado sentido.

La cuestión ha sido zanjada en muy diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional que ostenta esta supremacía por encima incluso del Tribunal Supremo por mandato constitucional. Este órgano ha establecido de una forma tajante, tal y como se expondrá en el cuerpo del presente artículo, que en aras de defender la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, y de que todos los órganos juzgadores del territorio español sigan la misma línea para evitar resoluciones injustas, es necesario que exista una doctrina jurisprudencial que seguir, y esta no es otra que la que establece el órgano supremo en cada jurisdicción, esto es, indudablemente, el Tribunal Supremo.



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