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  • Catalá hace un balance del Plan Justicia cero en el que confirma que no habrá colapso de ningún tipo cuando esté operativa esta herramienta en los próximos días
  • La entrada de las tecnologías en la justicia es progresiva. El 7 de julio se espera que esté operativo el expediente electrónico digital y que el 1 de enero del 2017 el propio ciudadano pueda relacionarse con la administración de justicia cuando no necesite a un profesional para ello.
  • Al mismo tiempo se refuerza el Centro de Atención del Usuario desde el 1 de enero con setenta y dos nuevos profesionales; la propia web del Ministerio ha creado un espacio para analizar las incidencias de Lexnet y en Twitter aparecerá el avatar @lexnetjusticia también para solventar cualquier duda que surja al respecto.

Se acerca el 1 de enero del 2016 y empieza a clarificarse el panorama a nivel de modernización de nuestra justicia. En ese día se da por hecho que en territorio Ministerio las CCAA  correspondientes no tengan problemas para activar Lexnet y gestionar las comunicaciones entre los juzgados y los operadores jurídicos. Más complejo será en algunas de las CCAA con competencias transferidas, casos de Catalunya, Andalucía, País Vasco y especialmente Valencia, quienes reconocen que llevan un año de retraso en la actuación de su sistema Cicerone pero prometen estar presentes para la otra gran fecha de 7 de julio del 2016 donde entrará en vigor el sistema de gestión procesal en nuestra justicia. 

Detrás de esta iniciativa hay todo un trabajo coordinado desde el Ministerio de Justicia que han impulsado  30 reuniones del CTEAJE, se han transferido seis millones de euros a las CCAA con la competencia de Justicia y se ha puesto a su disposición la herramienta LexNET para cumplir con las fechas establecidas. Al mismo tiempo la inversión tecnológica ha ascendido en estos dos años de 123 millones de euros para dar respuesta a este cambio tecnológico que en palabras del Ministro en funciones de Justicia, Rafael Catalá “va a suponer un cambio cultural importante y una forma de trabajar diferente. No creo que vaya a existir ningún colapso porque Lexnet es ampliable en su capacidad”.

La fecha objetivo final es el 7 de julio

Se avecina un cambio tecnológico en nuestra justicia.  El progresivo desarrollo del expediente electrónico digital en el nuevo sistema de gestión procesal producirá efectos beneficiosos en la tramitación de los expedientes. Los tiempos serán más cortos y el trabajo de nuestros jueces más sencillo. En la Agenda de Trabajo del equipo de Rafael Catalá hay dos fechas marcadas en rojo, La primera, por mandato legal de 1 de enero del 2016, a partir de la cual las comunicaciones entre los operadores y los juzgados serán por vía online.  Por lo explicado por el propio titular en funciones de Justicia, en territorio del Ministerio no habrá excesivos problemas para el desarrollo de esta aplicación, mientras que en CCAA con competencias transferidas, todas ellas con sistemas procesales diferentes de Lexnet, como Catalunya, País Vasco, Cantabria, Andalucía y Valencia, habrá algún retraso en la implantación. Todas ellas confían en estar online en la otra fecha marcada en rojo, 7 de julio del próximo año, donde se espera desarrollado el expediente electrónico para la gestión procesal.

Se le pregunta al todavía hoy Ministro de Justicia por los retrasos en Justicia electrónica de la Generalitat valenciana. Nos dice que ya en una reunión del pasado mes de junio les avisaron que era imposible que llegasen al 1 de enero con Cicerone, su sistema de gestión procesal actualizado y enganchado a Lexnet. Que, no obstante, les preguntemos a ellos. Y eso hacemos. Contactamos con un portavoz de la propia Consellería de Justicia quien nos aclara ciertos datos para explicar la situación valenciana.  Se nos informa que fue el anterior Consellero Luis Santamaria de Justicia y Gobernación  quien pidió un informe a la Dirección General de Tecnología de la Información de la propia Generalitat para ver la implantación del expediente digital en la justicia valenciana. Las conclusiones del estudio señalan que la única forma es buscar la compatibilidad de Cicerone el sistema propio de esta CCAA con Lexnet. El proceso de actualización es complejo y se contrata a Indra como empresa externa para que haga el trabajo tras la respectiva licitación en octubre del 2014. Sin embargo, las mismas fuentes nos indican que ante la falta de recursos económicos el citado contrato no se firma al principio. Son precisamente estos problemas los que obligan en una reunión de la CTEAJE a Antonio  Gastaldi, por aquel entonces secretario autonómico de Justicia, quien señala que la Generalitat no llegará al 1 de enero. Ese Pleno tuvo lugar en junio del 2015.

Solucionado el tema del contrato con Indra, se firma el mismo el 30 de septiembre por la nueva administración autonómica en la que Gabriela Bravo, exportavoz del CGPJ y fiscal en excedencia es la nueva Consellera de Justicia y Gobernación. En noviembre la propia Dirección General de Tecnología de la Información avisa a la Consellera que hay un año de retraso por medio en el desarrollo de Lexnet. Los más optimistas señalan que dicha integración de Cicerone en Lexnet no estará antes de junio del 2016. Ante esta tesitura, desde la propia Consellería se organiza una reunión con los diferentes operadores jurídicos de la CCAA para explicarles que por ley tienen derecho a partir del 1 de enero a realizar las comunicaciones electrónicas pero que no va a ser posible por no haber sistemas telemáticos que reciben esos escritos online. Las partes implicadas, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, graduados sociales y demás aceptan esperar a junio y rubrican un acuerdo en ese sentido. Ahora también se nos indica que el trabajo que se está haciendo es importante para llegar al siete de julio con los deberes tecnológicos hechos.

Apoyo financiero a las CCAA desde el Ministerio

Desde la propia Generalitat valenciana, al igual que desde otras CCAA como Andalucía, Catalunya o Madrid no se vería con malos ojos que de ahora en adelante el propio Ministerio que ha suscrito diferentes acuerdos con CCAA con competencias transferidas y dotado de unas cantidades para la modernización de la justicia, este tipo de actividades fueran ya presupuestadas en los próximos años, de tal forma que se supiera que ese dinero se puede contar con él a corto y medio plazo. De hecho, el propio Catalá avanzaba otros seis millones de euros para el 2016 para ayudar a que las CCAA se modernicen. Con estas inversiones se cree que se podría evitar la llamada justicia de dos velocidades, es decir, con más medios en algunas Comunidades y más retrasadas en otras. Ahora, por ejemplo País Vasco tiene los recursos suficientes para poner en marcha el expediente digital electrónico, cuestión que harán a primeros de este año.

Sobre el trabajo realizado desde el Ministerio de Justicia para el desarrollo de Lexnet, nadie puede dudar del Plan de Trabajo diseñado desde esta entidad y lo oportuno del mandato legal de colocar el 1 de enero como fecha clave para permitir las comunicaciones electrónicas.  Sin embargo, no todas las CCAA van a llegar a esa fecha  estipulada por mandato legal. Comentada la situación de la Generalitat Valenciana, Catalunya y País Vasco son otras CCAA con problemas donde la presentación de escritos se limitará a determinadas jurisdicciones y colectivos. En el caso de Andalucía y Madrid, ambas con sistemas de gestión procesal diferentes de Lexnet, la presentación de escritos y notificaciones electrónicas será posible aunque aún faltará adaptar esos sistemas al propio Lexnet.  Así, se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.

Todo esto se ha logrado por la coordinación entre Ministerio y CCAA  desde las más de treinta reuniones que tuvieron lugar en el  Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), entidad que ha servido para gestionar el trabajo a nivel tecnológico. De forma paralela también se puso en marcha la Comisión para la Justicia Digital, presidida por el ministro de Justicia y en la que han participado a través de reuniones semanales representantes de todos los ámbitos y colectivos afectados.  Desde Justicia, se tiene la certeza que se ha hecho un trabajo programado y riguroso, fuera de improvisaciones y que lo lógico que las CCAA con algunos problemas hubieran optado por utilizar Lexnet, en lugar de intentar actualizar su propio sistema de gestión procesal

CCAA con sistemas procesales propios, se retrasan

 El propio titular del Ministerio no cree que exista el problema de que Lexnet pueda colapsarse y explica que “para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos. Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas”. Al mismo tiempo se refuerza el Centro de Atención del Usuario desde el 1 de enero con setenta y dos nuevos profesionales; la propia web del Ministerio ha creado un espacio para analizar las incidencias de Lexnet y en Twitter aparecerá el avatar @lexnetjusticia también para solventar cualquier duda que surja al respecto. Al mismo tiempo, cada profesional podrá tener en su móvil  LexNETAPP para recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.

Desde el Ministerio de Justicia, las fechas claves para la implantación de las comunicaciones electrónicas son las siguientes.  La citada 1 de enero para la comunicación de los profesionales de la justicia con los órganos judiciales por vía telemática en las diferentes jurisdicciones, que ya hemos analizado los problemas existentes en algunas CCAA. Una segunda de  7 de julio de 2016: todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales como establece la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia. Y la final de 1 de enero del 2017 donde esta obligatoriedad de uso de medios electrónicos se extienda a  administraciones y organismos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, a las personas que, sin representación o asistencia por un profesional de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. Además, a partir de esta fecha, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a relacionarse telemáticamente con esta administración cuando no sea perceptiva la intervención de un profesional. 




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