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Francisco Gutiérrez

  • “Yo no soy partidario de ampliar la planta sino de disminuir la litigiosidad porque, teniendo la misma ratio de trabajo/juez, los países funcionan mejor con pocos jueces y poca litigiosidad que con muchos jueces y elevada litigiosidad”
  • “El expediente electrónico es un avance necesario para la Justicia, pero no para la labor de los jueces sino especialmente para los actos de comunicación y la gestión de la oficina judicial. Los jueces necesitamos estudiar los pleitos en papel.”

Nuestro protagonista de hoy conoce muy bien la justicia por dentro. Se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1982.  Miembro de la carrera judicial desde 1986. Magistrado desde diciembre de 1989. Actualmente destinado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla desde julio de 2001. Francisco Gutiérrez siempre compaginó la labor docente con la judicial. De esa manera realiza en el año académico 2012-2013 los cursos de Doctorado en el departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla en el programa “Metodología, técnica y análisis del desarrollo regional”.

Hoy es noticia porque ha alcanzado el grado de Doctor en Economía con la calificación cum laude en marzo de 2016 con la tesis “Gasto público y funcionamiento de la Justicia en España entre 2004 y 2013. Especial referencia a la Comunidad autónoma de Andalucía.  “El problema es más de diseño organizativo y descontrol que de gasto, que es superior a países como Francia o Italia, en contra de lo que pudiera parecer”, indica cuando hablamos con él. Este profesional completó su formación con el Máster en Administración Pública en 2015 en la Universidad de Sevilla con la calificación de sobresaliente.

Obtuvo Diplomas de Especialización en  Administración Pública en 2014 y en Gestión Financiera Pública en 2015, ambos  con la calificación de sobresaliente, cursados en la Universidad de Sevilla, lo que le ha ayudado a conocer la justicia por dentro, a nivel de gestión: “Los problemas centrales que explicaban el mal funcionamiento de la Justicia, que son  la excesiva litigiosidad y la insuficiente planta de jueces, no se abordaron decididamente, y la situación se deterioró notablemente”, subraya

¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer una tesis doctoral sobre este tema?

Me preocupa el funcionamiento de la Justicia en España y creí que era necesario investigar para saber qué causas podrían explicar su actual funcionamiento. Llevo años trabajando en la asociación Foro Judicial Independiente en materias económicas de la Justicia y decidí profundizar para comprobar si era un problema económico.

En una de las conclusiones se habla de que el gasto público ha sido ineficaz entre 2004/2013, Que habría que haber hecho para que fuera útil?

El problema es más de diseño organizativo y descontrol que de gasto, que es superior a países como Francia o Italia, en contra de lo que pudiera parecer.

La actuación lógica es, primero, analizar la situación para identificar el problema; después, actuar en consecuencia. En España se diagnosticó la situación con relativo rigor en 2001 cuando se firmó el Pacto para la Reforma de la Justicia, pero no se actuó con acierto sobre los problemas detectados. PP y PSOE se pusieron de inmediato de acuerdo para instaurar un nuevo sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial y lo demás se olvidó, salvo la puesta en marcha del Servicio de Estadística Judicial del CGPJ, cuya labor ha sido digna de elogio, porque hoy día facilita datos del funcionamiento de la Justicia muy fiables y rápidamente, y la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que es necesaria, pero sus resultados han sido malos.

 Los problemas centrales que explicaban el mal funcionamiento de la Justicia, que eran la excesiva litigiosidad y la insuficiente planta de jueces, no se abordaron decididamente, y la situación se deterioró notablemente hasta 2010.

Nuestro modelo autonómico es dispar a nivel de justicia ¿Después de haber hecho este trabajo, cree que es lógico mantener la gestión entre Ministerio, CGPJ y CCAA?

El modelo es ineficiente, pero no porque las CCAA tengan exclusivamente la culpa, sino porque no es posible gestionar con eficacia un servicio del que nadie responde. El gasto de las CCAA solo puede dedicarse a funcionarios, medios materiales y Justicia Gratuita; aunque quisieran gastar mucho más, no pueden actuar sobre los pilares del sistema: plantas de jueces y fiscales y litigiosidad. De hecho, Navarra gasta poco y funciona bien y Canarias invierte mucho y no funciona tan bien.

Las CCAA tienen responsabilidad directa en el deterioro de la imagen de la Justicia porque los edificios judiciales, los medios materiales y la gestión de la oficina judicial dejan mucho que desear. En definitiva, el diseño desconcentrado y descentralizado no favorece la eficacia e incita la falta de implicación de las distintas administraciones responsables en el buen resultado final del servicio.

Usted tiene la idea de la reducción de la litigiosidad, elemento en el que confluyen varios elementos ¿A corto plazo, sin inversiones en justicia ni más jueces es factible?

A corto plazo solo se puede actuar a través de la actividad legislativa. En la jurisdicción penal, que es la que más litigiosidad aporta al sistema, se puede des tipificar conductas leves o de naturaleza administrativas, simplificar el proceso y restringir los recursos de la fase de instrucción, aumentar las posibilidades del acuerdo en la fase inicial del proceso; y, con carácter general, instaurar tasas razonables, sancionar el abuso del proceso.

 También se puede fomentar la mediación y el arbitraje, y que el legislador no utilice la justicia como la herramienta social preferente para resolver todos los conflictos sociales por muy leves que sean. Fenómeno que ocurre como reacción acomodada ante el fracaso del resto de administraciones. Digamos que el uso de la Justicia es una salida cómoda y barata para el poder político y para el ciudadano la última oportunidad.

¿Ha llegado el momento de cambiar de modelo, dejar los jueces unipersonales y apostar por los tribunales colegiados de instancia?

Es una salida necesaria para organizar más eficazmente los recursos, pero por la experiencia de otras reformas, temo que se aproveche para controlar más a los jueces. Depende de la ley que se apruebe. Aquí nos topamos con un problema central de la Justicia que no es fácil de resolver: la disyuntiva entre independencia judicial y seguridad jurídica.

Los tribunales de instancia pueden otorgar más seguridad jurídica al sistema por la unificación de criterio, pero también pude suponer un mayor control de los jueces y una merma de su independencia. En un país que sufre una grave corrupción política no parece muy suspicaz que temamos que por esa vía se intente controlar a los jueces.

 Muestra de ello es lo que ocurre actualmente en el CGPJ con el sistema de nombramientos de los cargos judiciales, altamente cuestionado porque supone un velado reparto por cuotas; o con lo ocurrido con el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ por el Parlamento, que el Tribunal Constitucional lo santificó porque entendió que no tenía por qué ser una reproducción del funcionamiento partidista del Parlamento, pero el tiempo ha demostrado lo contrario. El poder tiende a eliminar controles y hoy la Justicia es casi único control relativamente independiente frente al poder político. No parece extraño que quisieran debilitarlo aún más.

De nuestro entorno europeo, ¿Cuál sería el modelo a seguir por nuestro Gobierno para que mejorase nuestra justicia notablemente?

Los países que mejor funcionan, Austria es un ejemplo, suelen ser los más ricos, que invierten menos en Justicia, tienen menos jueces y funcionarios, y, también, menor litigiosidad, que es la clave. Parece que la organización de la sociedad tiene una gran incidencia: si están mejor organizadas y son más respetuosas con la ley, menos necesario es el uso de la Justicia.

El propio CGPJ ha señalado la necesidad de incrementar la planta judicial, las asociaciones judiciales no se ponen de acuerdo en la cifra ¿Qué puede decirnos al respecto?

Yo no soy partidario de ampliar la planta sino de disminuir la litigiosidad porque, teniendo la misma ratio de trabajo/juez, los países funcionan mejor con pocos jueces y poca litigiosidad que con muchos jueces y elevada litigiosidad. Pero si la litigiosidad en España no se disminuye, como ocurre en la actualidad, es necesario ampliar urgentemente la planta judicial porque la situación es insostenible. El Servicio de Inspección del Consejo concluyó que en 2013 el 76% de los órganos judiciales superaban el máximo de actividad fijada. La situación es muy precaria en algunas CCAA, especialmente en Andalucía.

En esta tesis habla de los métodos extrajudiciales ¿Por qué no hay una apuesta decidida para ellos? ¿Cree que realmente es útil la mediación intrajudicial, como nos quiere hacer ver el CGPJ y Ministerio de Justicia?

Hay infracciones que, por sus especiales circunstancias, al Estado no le merece la pena perseguirlas. En otros países el fiscal tiene la facultad de archivarlos con determinadas condiciones y evitar un procedimiento poco útil. El pleito no es la única solución y no siempre la mejor, pero en España hay un recelo social frente a todo y, paradójicamente, parece como si solo se confiase en la solución judicial.

¿Cómo puede realmente ayudar la implantación del expediente electrónico a medio plazo en la mejora y modernización de la justicia? ¿Podrán acomodarse los jueces a otra forma de trabajar diferente de la actual?

El expediente electrónico es un avance necesario para la Justicia, pero no para la labor de los jueces sino especialmente para los actos de comunicación y la gestión de la oficina judicial. Los jueces necesitamos estudiar los pleitos en papel. Cualquiera que realice un trabajo como el nuestro sabrá que es más penoso y lento leer miles de folios y estudiarlos en un ordenador que en papel. Si a ello añadimos que las segundas pantallas que, por ejemplo, la Junta de Andalucía está facilitando, son las que estaban arrumbadas en los archivos desde hace años, el resultado será malo para nosotros y, en consecuencia, para la Justicia.

De nuevo se diagnostica bien, pero se aportan malas soluciones. Y esto es una preocupante señal que se advierte en las últimas reformas: no se piensa en lo que necesitan los jueces para realizar mejor el trabajo, como si esto fuera nuestro problema personal y no del sistema, como si fuéramos una molestia y no una pieza clave en el funcionamiento de la Justicia y en la solución de sus deficiencias. Esto es gran parte del problema: la falta de respeto con que se dirige y trata el poder político a la Administración de Justicia y el fracaso del CGPJ que, como órgano encargado de velar por la independencia judicial, debe procurar que eso no ocurra y luchar por una Justicia dignificada y con medios adecuados para cumplir su función constitucional.

Pero, desgraciadamente, esto no ocurre hoy día y mientras no cambien estas actitudes difícilmente se resolverán los problemas de funcionamiento que tiene la Justicia, porque muchos de ellos nacen del abandono y desapego de la clase política hacia la función judicial. Si algo no se respeta es complicado que se le dedique mucho esfuerzo para dignificarlo y mejorar su funcionamiento. Pero esto no es una conclusión científica, es una opinión personal que nace de la frustración de un profesional con 30 años de servicio que sufre el deterioro constante de una función que debería resultar esencial para la sociedad y no lo es.




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