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  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mantenido hoy una reunión con su homóloga de Portugal, Francisca Van Dunem, en la que se ha puesto de manifiesto la excelente relación bilateral que existe entre ambos países, que han expresado su interés por seguir contribuyendo activamente a la integración institucional de la Unión Europea. 

En ese sentido, han contrastado sus respectivas posturas en el debate en torno a la creación de la Fiscalía Europea, proyecto en el que España ha venido adoptando una posición constructiva y de liderazgo en la negociación desarrollada en Bruselas. A día de hoy, 17 Estados miembros participan ya en el procedimiento de cooperación reforzada y se espera la próxima incorporación de Italia, Austria y Estonia. Las cuestiones que permanecen aún abiertas tienen que ver con la financiación, la definición de la competencia material y la fecha de entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea.

En materia de cooperación jurídica internacional España y Portugal trabajan de forma muy estrecha y fluida. Ambos países pertenecen al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que ha instaurado un modelo de cooperación judicial directa con una intervención mínima de las autoridades centrales. En el ámbito penal, la colaboración se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. El instrumento más utilizado y que mejores resultados arroja es la Orden Europea de Detención y Entrega. Desde el año 2006 se han emitido por los tribunales españoles 281 solicitudes de entrega a las autoridades portuguesas, mientras que nuestro país ha incoado 716 órdenes instadas por los tribunales portugueses.

En cuanto a la colaboración en materia de terrorismo, la relación entre España y Portugal es excelente tanto en la lucha contra ETA, como contra el terrorismo internacional.

Otro de los asuntos que se ha tratado en este encuentro es el modelo procesal. Catalá le ha expuesto a Van Dunem el proyecto de reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal para asemejar el proceso de instrucción penal al vigente tanto en Portugal como en el resto de países de nuestro entorno: un fiscal que investiga y un juez de garantías que se encarga de la tutela de derechos, la apertura de juicio oral y la supervisión de la investigación.

Rafael Catalá ha explicado a la ministra portuguesa el proceso de digitalización que vive la Justicia española gracias a la reforma de la LECrim. Desde el 1 de enero de 2016, profesionales y juzgados se han intercambiado más de 100 millones de comunicaciones electrónicas, con un ahorro de 1.000 millones de euros y un tiempo para la duración de los trámites que se ha reducido de 60 a 19 días. El ministro ha insistido, no obstante, en que el verdadero reto es el juzgado digital con su expediente digital completo y la tramitación íntegra en formato electrónico.

Sobre la mesa también, los temas desarrollados en el marco de la pasada Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), entre los que destaca el Plan Iberoamericano sobre Modernización y Nuevas Tecnologías, en el que ha tenido especial participación Portugal, la creación de un Comité de Equidad de Género de la COMJIB, del que formarán parte tanto España como Portugal, y el proyecto de Tratado de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales que posibilitará la transferencia de esas solicitudes de forma telemática entre todos los países miembros de IberRed (todos los miembros de COMJIB y Andorra).

Ambos ministros han tratado asimismo la reciente puesta en marcha del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado: por el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana (EL PAcCTO), cuyo objetivo es fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana construyendo un espacio efectivo de cooperación judicial y policial en el ámbito latinoamericano, que se extienda a la cooperación con la UE. El programa se estructura en tres partes, la policial (30%) liderada por Francia con apoyo de Portugal, la judicial (40%) dirigida por España secundada por Portugal y la penitenciaria (30%) encabezada por Italia y apoyada por Francia. En este punto, España ha agradecido a Portugal su apoyo durante la negociación del consorcio.

Esta reunión ha sido una réplica de la mantenida en Lisboa en junio de 2015 y ambos ministros han convenido en institucionalizar estos encuentros, que han demostrado ser de gran utilidad, emplazándose a una futura reunión en Portugal. 




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