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  • “Los jueces están actuando con plena independencia”, afirma Carlos Lesmes, que pide respeto a las resoluciones judiciales y dice que “al margen de la ley, no hay libertad ni democracia”. El presidente del Poder Judicial avanza que, solo en 2016, los jueces acordaron llevar a juicio a 659 personas en 112 procedimientos por corrupción pública. “Sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia”, señala Lesmes, que ha anunciado que el Consejo trabaja en un Plan de redimensionamiento de la planta judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que “los jueces españoles están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia ley establece, desde el firme convencimiento de que la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera”.

“Al margen de la ley, no hay libertad ni democracia”, ha dicho Lesmes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para añadir que “pese a todas las dificultades, la justicia es, hoy en día, el instrumento más valioso con el que contamos para garantizar que, ante la ley, todos somos iguales”.

El presidente del Poder Judicial también ha recordado que los jueces están “obligados a garantizar que la ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto”, lo que “constituye una condición existencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”. “La justicia funciona”, ha afirmado Lesmes, que ha insistido en que “lo mejor de la justicia son sus jueces”, que “dan en cada caso la respuesta que exige nuestro ordenamiento jurídico. Con plenas garantías”.

El presidente del TS y del CGPJ ha pedido respeto a las resoluciones judiciales diciendo que “todas están sujetas a crítica”, pero que desacreditarlas no ayuda a unos jueces que “todos los días se dejan la piel en su Juzgado para construir para todos una sociedad mejor”.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo de ese trabajo los procedimientos judiciales por delitos de corrupción que se están resolviendo y ha anunciado que, según la última información disponible, que mañana será publicada en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción, los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 investigaciones por este tipo de delitos, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas.

Si a esas cifras se le suman las de los dos últimos trimestres de 2015, el resultado es que, en el último año y medio, el Poder Judicial ha acordado llevar a juicio por delitos de corrupción a casi 1.500 personas en cerca de 200 procedimientos. El porcentaje de condenas en causas por corrupción es superior al 70 por ciento.

“La justicia siempre llega. Es lenta, pero llega. Ha habido juicios, con condenas y absoluciones (…) Ese es el resultado del trabajo de nuestros jueces. Insisto: cumpliendo el ordenamiento jurídico y con plenas garantías”, ha señalado Lesmes, que ha considerado que hay “motivos más que suficientes para creer y defender nuestro sistema judicial”.

Violencia de género

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho durante su intervención en el Congreso una mención especial a la violencia de género, subrayando que los datos sobre el número de víctimas “siguen poniendo de manifiesto, con toda crudeza, que todavía es mucho el esfuerzo que debemos hacer para erradicar esta lacra”.

Carlos Lesmes ha añadido que, no obstante, las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género revelan que en 2016 se incrementó el número de denuncias (en un 10,6 %), de sentencias condenatorias (3,6 %) y, especialmente, de medidas de protección a mujeres y menores como las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación (más de un 22 %), lo que permite concluir que “la Justicia responde” y favorece que la ciudadanía perciba que “no hay impunidad ante este tipo de comportamientos”.

“Sin embargo, algo sigue fallando”, ha señalado el presidente del Poder Judicial, que ha enumerado las propuestas desde el Observatorio se han hecho llegar al Congreso para mejorar la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia.

Entre ellas ha citado la supresión de la dispensa de la obligación de declarar cuando las víctimas sean denunciantes o estén personadas en la causa como acusación particular, la ampliación del concepto de violencia de género –lo que permitiría incluir conductas como los matrimonios forzosos, la mutilación genital o el acoso sexual- y la revisión del Código Penal en lo relativo a la regulación de ciertas atenuantes y a la pena de privación de la patria potestad para los condenados por homicidio o asesinato, lesiones graves o violencia habitual.

Actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad

El CGPJ ha seguido trabajando en 2016 para mejorar la respuesta de las instituciones en los casos de desahucio de familias necesitadas de especial protección, y ha firmado o está tramitando convenios con nueve Comunidades Autónomas –Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja- para que se puedan activar los mecanismos de protección social ante casos de vulnerabilidad derivados del lanzamiento de la vivienda familiar.

Además, el Consejo ha aprobado la difusión entre los jueces de una guía de buenas prácticas procesales en la tramitación de los juicios por delito leve de usurpación de vivienda, con recomendaciones sobre cómo actuar cuando la entidad perjudicada no es un particular –sino, por ejemplo, una entidad financiera- y los denunciados conviven con menores, personas mayores, incapacitados o enfermos, encontrándose en riesgo de exclusión social.

El presidente del TS y del CGPJ también ha dado cuenta del plan de urgencia con el que se pretende dar respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos en los Juzgados como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.

Lesmes ha advertido de que para que el plan tenga plena efectividad deberá dotarse de medios materiales y personales a los Juzgados. El Pleno del CGPJ instó el pasado 23 de febrero a las Administraciones a adoptar las medidas necesarias, incluyendo la creación de nuevas plazas de JAT y la convocatoria de oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial.

Panorámica de la Justicia

El presidente del Poder Judicial ha facilitado a los diputados los últimos datos disponibles sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales, actualizados a 31 de diciembre de 2016.
El año pasado entraron en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal; y la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; que han tenido un enorme impacto en la estadística judicial, por lo que Lesmes ha pedido cautela a la hora de evaluar las cifras.

Estas normas supusieron, por una parte, la destipificación de algunas conductas y la sustitución de los juicios de faltas por juicios por delitos leves; y por otra que se dejaran de remitir a los Juzgados de Instrucción los atestados policiales cuando no exista autor conocido del delito denunciado.

El efecto ha sido una importante reducción interanual tanto en el número de asuntos ingresados –de un 31,4 % sumando el total de las jurisdicciones y de un 42 % en la jurisdicción penal- como en el de asuntos resueltos. Los asuntos en trámite en los Juzgados y Tribunales a 31 de diciembre de 2016 eran 2.234.652, un 8,2 % menos que en la misma fecha del año anterior.

62.922 asuntos declarados como de instrucción compleja

La Ley 41/2015 también estableció que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, plazo que se ampliará a dieciocho meses –prorrogables- cuando el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, declare la instrucción compleja.

El presidente del TS y del CGPJ ha ofrecido por primera vez datos sobre el número de asuntos declarados de instrucción compleja: en todo 2016 fueron 62.922, si bien en el segundo semestre, pasado el efecto de la disposición transitoria que regulaba la aplicación de la norma, el porcentaje de asuntos declarados complejos sobre el total de diligencias previas y sumarios en fase de instrucción fue inferior al 2 por ciento.

A 1 de enero de este año, el porcentaje de asuntos complejos en tramitación sobre el total de asuntos pendientes era del 15,4 % en los Juzgados de Instrucción, del 7,5 % en los de Violencia sobre la Mujer y del 43,4 % en los de la Audiencia Nacional.

Diagnóstico

Lesmes ha señalado que, incluso con el efecto puntual de esas reformas legales, no se aprecian grandes vuelcos en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales ante la carga de trabajo que se les genera.

Así, ha dicho que la tasa de litigiosidad –que en 2016 fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes, un 29,5 % menos que el año anterior- “sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces son capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresan, siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”.

“Sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, ha concluido.

Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial

En el capítulo dedicado a la gestión del CGPJ, Carlos Lesmes ha destacado el incremento de la eficacia resolutiva de la Comisión Permanente, que desde el inicio del mandato ha aprobado 17.866 acuerdos (6.227 en 2016), y el consenso que preside los debates del Pleno, donde se adoptan las decisiones más importantes y que el año pasado adoptó 207 acuerdos, de los que el 78,2 % fueron por unanimidad.

Mientras tanto, la actividad económico-financiera continuó marcada por la austeridad: el Consejo funcionó en 2016 con un presupuesto de 54,8 millones de euros –un 29,7 % menos que en 2010- y para el año que viene se plantea un incremento global del 1,98 %, derivado del aumento del número de jueces en prácticas, cuyas retribuciones corren a cargo del CGPJ.

Por lo que respecta a las actuaciones concretas llevadas a cabo en 2016, el presidente del CGPJ se ha referido especialmente a la cuestión de los jueces en expectativa de destino, “probablemente el gran problema de la Carrera Judicial”, recordando que al inicio del mandato del actual Consejo había 395 jueces en esa situación, motivada por la paralización en la creación de nuevas plazas. La convocatoria continuada de concursos en los últimos tres años ha permitido que hoy todos ellos dispongan de un destino propio.

Lesmes ha dicho, no obstante, que es necesario crear nuevas plazas judiciales para que no se repita la situación con los miembros de la 67 promoción, que saldrán de la Escuela Judicial a finales de este año.

Medidas de apoyo a los jueces que investigan casos de corrupción

El presidente del Poder Judicial ha informado de que la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) creada en el seno del CGPJ recibió el año pasado 23 peticiones de ayuda frente a las 18 de 2015. Las medidas de refuerzo judicial de carácter personal –adscripción de un juez de refuerzo o ampliación de la plantilla de funcionarios- fueron las más solicitadas.

Lesmes ha anunciado asimismo que próximamente se publicará una “Guía de actuación en causas complejas por corrupción”, redactada por jueces y fiscales expertos en corrupción, que recogerá los instrumentos existentes en la lucha contra este tipo de delitos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de facilitar y mejorar la actuación de jueces y magistrados.

Además, el Plan de Formación de la Carrera Judicial para 2017 incluirá varios cursos para que los jueces intercambien experiencias y protocolos de actuación en materia de lucha contra la corrupción, se estudiarán propuestas de reformas legales que mejoren la respuesta judicial frente a estos delitos y se trabajará en la creación de una “red de expertos” integrada por jueces y magistrados especializados que sirva de apoyo a los instructores de causas por corrupción.

Reformas estructurales pendientes

El presidente del CGPJ ha expresado el deseo de este órgano de contribuir a la elaboración de un programa de reformas que aseguren la calidad de la Justicia y refuercen la independencia del Poder Judicial desde una doble vertiente: las reformas estructurales necesarias para la modernización de la Justicia y la relativa a la carrera judicial y al estatuto del juez.

En el primer apartado, ha abogado por el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales.

Lesmes ha dicho, no obstante, que hasta tanto no se produzca esa reforma el CGPJ “no renuncia, en uso de sus competencias propias, a estudiar la implantación de cuantas medidas nos permitan incrementar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la capacidad de respuesta de nuestros órganos judiciales”, mediante la especialización de órganos judiciales, la modificación de normas de reparto o la aprobación de medidas de apoyo.

En este sentido, ha anunciado que el Consejo está diseñando un Plan de redimensionamiento y optimización de la Planta judicial y de redistribución de la carga de trabajo, elaborado con el Servicio de Inspección y con los Tribunales Superiores de Justicia, y ha confiado en que sirva de apoyo “en la toma de decisiones por parte de las Administraciones competentes”.

También ha apostado por una reforma global del proceso penal, explorando un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue las garantías procesales con la celeridad.

“Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido, por qué no, el asunto de los aforamientos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).
También ha recordado que, en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que “esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria”. En el caso de los políticos, el aforamiento se concibe como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular, que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países.

“Es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales”, ha manifestado Lesmes, para quien “sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga los necesarios equilibrios”.

Nuevo diseño de la carrera judicial: evaluación continua del desempeño del juez y reducción de las discrecionalidad en los nombramientos judiciales

El segundo bloque de propuestas pretende situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos presentes y futuros y se plasmará en el documento “El libro de la Justicia. Criterios de la Carrera Judicial para una Justicia del siglo XXI”, que ya centra buena parte del trabajo del Consejo.

El proyecto abordará todos los aspectos de la actividad judicial, desde el ingreso en la carrera a los nombramientos, pasando por la selección, la formación, la protección social, la ética judicial, la independencia o la provisión de destinos. Estas cuestiones, ha dicho Lesmes, se abrirán al debate y reflexión de manera muy participativa, buscando “la máxima aportación y participación de la Carrera Judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales.

Entre otros aspectos, se estudiará el diseño de una nueva carrera judicial, basado en la especialización, la excelencia y la formación, así como en su evaluación continua y que se traducirá en la reducción al mínimo imprescindible del margen de discrecionalidad en la designación de cargos jurisdiccionales y gubernativos.

Establecer programas y pruebas de especialización en todas las jurisdicciones, convertir la formación en obligatoria e incidir en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación del servicio –idiomas, gestión de gobierno, nuevas tecnologías, etc.- son algunas de las premisas que se manejan. La antigüedad en la carrera seguiría siendo objeto de consideración, pero no como criterio determinante para la selección de cargos de nombramiento discrecional.

“Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría. Pero no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello”, ha señalado Lesmes, que ha recordado que el último informe de evaluación del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), hecho público en 2016, recomienda expresamente a España incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial.

El presidente del TS y del CGPJ ha dicho que el nuevo sistema exigiría la implantación de mecanismos eficaces y claros para la adecuada evaluación de la formación, “y también, yendo un poco más lejos, el establecimiento de sistemas objetivos para la evaluación del desempeño del juez”.

“Este último aspecto es sin duda complicado. Y también delicado. La evaluación del desempeño de los miembros de la carrera judicial debe respetar, en todo caso, unos condicionantes que aseguren que esa evaluación se produce en términos que garanticen que no producen interferencias en la independencia e imparcialidad con la que los jueces han de desempeñar su labor jurisdiccional”, ha concluido.

 




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