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  • Tras estudiar la ejecución de las medidas con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que también tratarán esta cuestión con las Comunidades Autónomas
  • Los presidentes de los TSJ creen necesario el plan de urgencia y consideran que repercutirá positivamente en el ámbito judicial y en el económico

El Consejo General del Poder Judicial abordará al Ministerio de Justicia la  dotación de medios materiales y personales de los Juzgados de Primera Instancia que se especialicen en materia de cláusulas suelo como consecuencia de la puesta en marcha del plan de urgencia acordado por el órgano de gobierno de los jueces ante el previsible aumento de litigios tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La necesaria dotación de medios materiales a los órganos judiciales ha sido destacada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia durante la reunión mantenida hoy en la sede del CGPJ con los miembros de la Comisión Permanente para estudiar los aspectos concretos de la ejecución de las medidas propuestas. También han señalado la necesidad de crear nuevas plazas de Jueces de Adscripción Territorial (JAT), que reforzarían los Juzgados de Primera Instancia.

En cualquier caso, los presidentes de los Tribunales Superiores han coincidido en considerar que el plan de urgencia es necesario y que repercutirá positivamente tanto en el ámbito judicial como en el económico.

Reunión de la Comisión Mixta la próxima semana

Las conclusiones del encuentro de trabajo de hoy serán trasladadas al Ministerio de Justicia el próximo martes, durante la reunión de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio y que copresidirán el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Además, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia mantendrán contactos con el mismo objetivo con estas Administraciones.

La reunión de la Comisión Mixta precederá a la que la Comisión Permanente mantendrá ese mismo día con los jueces decanos para analizar con ellos el plan de urgencia. Asistirán los jueces decanos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Murcia, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Valladolid, A Coruña, Vigo, Móstoles, Cáceres, Albacete, Logroño, Pamplona, Santander, Oviedo y Santa Cruz de Tenerife.

Especialización de un Juzgado de Primera Instancia por provincia

El plan, que coordina el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán, contempla la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo su territorio, para conocer de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

Los Juzgados que sean especializados –aquellos que se ofrezcan voluntariamente o, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, el que se encuentre en mejor situación- contarán con el refuerzo de uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.

Entre las medidas de refuerzo que se plantean en el plan del CGPJ también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.

La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.




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