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El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra mañana 25 de noviembre, hace pública la siguiente declaración institucional:


“La violencia que se dirige sobre las mujeres, por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores como personas carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos humanos fundamentales, como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación, que se proclaman en nuestra Constitución.

La violencia de género se fundamenta en una situación desigualitaria de dominación por parte del hombre y de discriminación de la mujer, que le priva de su plena libertad. La subordinación de la mujer al hombre se realiza, entre otros mecanismos, a través de la violencia machista, que hoy en día es un elemento estructural de la sociedad.

Según denuncia ONU Mujeres, el impacto de la violencia de género produce múltiples consecuencias sanitarias, físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente al bienestar de las mujeres y de sus hijos e hijas, e impide su plena participación en la sociedad.

Además de tener consecuencias negativas para la mujer, la violencia de género también afecta a su familia, comunidad y país. Los altos costes asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.

La violencia de género no es solo un grave problema de las mujeres, sino que daña directamente a toda la sociedad mundial, y por tanto también a padres, hijos, hermanos, familiares y allegados varones de todas las mujeres que la sufren y al resto de ciudadanos, en cuanto dificulta el normal desarrollo de una sociedad democrática.

El concepto de violencia machista o violencia sobre la mujer debe entenderse sin necesidad de que la mujer haya sufrido los hechos penalmente relevantes en el marco de una relación sentimental presente o pasada. No cabe duda que un ataque a la libertad sexual de una mujer sin relación de pareja, como sucede al mutilar sus genitales o forzarla a ejercer la prostitución, son ataques directos a los bienes jurídicos más necesitados de protección y son consecuencia de una histórica desigualdad que lleva a una falsa y malentendida superioridad del hombre respecto de la mujer.

Se han logrado avances en los últimos tiempos, reformas legales de amparo de las víctimas, de los menores, que garantizan tanto sus derechos dentro del proceso penal como fuera del mismo, pero aún queda mucho por hacer.

Porque aspiramos, por utópico que pueda sonar, a que no haya ni una sola mujer asesinada, lesionada o damnificada más, a que pasemos de la tolerancia cero al objetivo de víctimas cero.

Tenemos tarea por delante: romper el silencio cómplice de toda la sociedad, garantizar a las víctimas y a sus hijos e hijas una ayuda integral, perseverar en la educación en valores de igualdad y respeto, incrementar la investigación y aplicar recta justicia.

Sumemos fuerzas y rechacemos unánimemente cualquier expresión, por mínima que parezca, de resistencia hacia la igualdad de género, combatamos activamente la discriminación, la crueldad y el ensañamiento contra las mujeres, aislemos al maltratador y condenemos a todos los que ejercen la más vil de las violencias de nuestra sociedad, violencia que cuesta vidas como las de este año, las de Mariana Carmen, Silvia, Mirella, Isabel, Lucinda Marina, María, Lisa Jane, Ascensión, Ana, Francisca, Soraya, Victoria, Silvia, Mª del Carmen, Cristina, Yolanda, Rosario, Marina Candelaria, Lucía, Jana, Mª Aránzazu, Teresa, Karla Belén, Alexandra, Benita, Kristina, Arantza, Xue Sandra, Johana Bertina, Jean May Evelyn, Florentina, Ada Graciela, Mónica, Stefany María, Mª Isabel, Jaqueline Suzzanne, Yolanda, Celia y Juana”.




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