• El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha intervenido hoy en Burgos en la inauguración del V Ciclo de la Justicia organizado por el diario El Norte de Castilla, en donde se ha referido a los beneficios que han reportado a la comunidad autónoma de Castilla y León las reformas impulsadas en materia de Justicia durante esta legislatura, en especial el incremento de la seguridad jurídica en nuestro país. En esa línea, ha señalado que el 81% de las sentencias que se dictan son confirmadas en apelación o suplicación, lo que expresa, a su juicio, una notable mejora en la calidad de las resoluciones de nuestros jueces.

Entre los logros obtenidos, Catalá ha apuntado varios datos significativos: con la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se han reducido en un 40% los asuntos que se plantean ante la Justicia debido a la despenalización de las faltas y la no tramitación judicial de los atestados sin autor conocido, lo que permite que jueces y magistrados puedan realizar mejor su trabajo. Asimismo, ha destacado que unos 12.000 actos de jurisdicción voluntaria que antes se realizaban obligatoriamente en juzgados de todo el país, ahora se tramitan ante registradores y notarios; en el Registro de Mediación ya están inscritos 2.300 mediadores, 1.200 mediadores concursales y 72 instituciones, de los que 129 mediadores y 61 mediadores concursales son castellanoleoneses.

Además, desde su implantación el 15 de octubre del pasado año, ya se han realizado 100.000 comunicaciones de nacimientos directamente desde hospitales a los registros civiles, 4.600 en Castilla y León, donde la medida está implantada en los 14 hospitales públicos existentes en la región. El ministro se ha referido también a las más de 14.000 subastas judiciales que desde hace un año se realizan electrónicamente solo vía BOE con un aporte fundamental en seguridad y transparencia.

Catalá ha subrayado el especial compromiso de Castilla y León con la transformación tecnológica de la Justicia que ha arrojado unos resultados llamativos en esta comunidad: se han practicado ya 4 millones de comunicaciones electrónicas, de las que 81.000 son demandas, 531.000 son escritos y 3,3 millones son notificaciones desde las oficinas judiciales. Esto ha supuesto un total de 40 millones de euros de ahorro en costes.

Desde que se implantó la Justicia digital el pasado abril en la sede judicial de Burgos, las sedes de todas las capitales de provincia, más Ponferrada, están ya trabajando de forma electrónica, para lo que se ha formado a 1.704 personas entre jueces, letrados y funcionarios. Así, los profesionales castellanoleoneses han realizado el 42% del total de firmas electrónicas de documentos efectuados en todo el territorio Ministerio.

Castilla y León ha sido, en palabras del ministro Catalá, pionera en la implantación de las comunicaciones electrónicas entre juzgados y fiscalías. Está previsto que el próximo mes de noviembre arranque en Valladolid el piloto del nuevo sistema Fortuny Digital, que facilitará la digitalización completa de procesos en las fiscalías.

El ministro de Justicia ha apelado a la colaboración y entrega de los actores de la Justicia en Castilla y León para superar obstáculos en el proceso de digitalización y les ha animado a comprometerse con un necesario gran acuerdo nacional que integre consensos básicos en otros ámbitos, con otros profesionales y colectivos, instituciones y administraciones que trabajan día a día para construir la Justicia.