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Cuando hablamos de aumentar el valor de una empresa, es usual atender a las fórmulas conocidas: aumentar ventas, reducir costes, externalizar servicios, mejorar el fondo de maniobra, todas ellas de carácter económico. Sin embargo, las estrategias no financieras están teniendo cada vez más peso, lo que ha provocado que las empresas empiecen a enfocarse en cuestiones como el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo para generar valor y ello a pesar de que aunque su contenido no sea económico, redundan en beneficios directos que hasta ahora no eran evidentes.

¿Pero cómo es esto posible? Lo que sucede es que el mercado se ha adentrado en una espiral ética. Ya no vale ganar dinero a toda costa. Los consumidores están dispuestos a pagar más si las empresas comparten sus valores, si son socialmente responsables, si tienen políticas a favor del medio ambiente. Los inversores cada vez más piden a los gestores de los fondos que su dinero vaya dirigido a empresas que además tengan fines altruistas.

Rentabilidad y ética, todo apunta a esta nueva forma de hacer negocios, ejemplos hay muchos.

En el aspecto legislativo, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, que fue traspuesta en España mediante el Real Decreto-Ley 18/2017, impone la obligación a determinadas empresas de divulgar información no financiera, como cuestiones sociales o medioambientales, e intensifica las obligaciones de las sociedades cotizadas, que deberán de publicar en su informe de gobierno corporativo sus políticas de diversidad, condiciones de trabajo, respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción y soborno, entre otros. Todo en aras de transparentar su actuación en pro de los inversores, consumidores y la sociedad en general.

En el sector empresarial se está motivando a los directivos implantando planes de retribución que premien la sostenibilidad y el buen gobierno. Por otro lado la banca y las sociedades gestoras han comenzado a lanzar fondos sostenibles con una muy buena aceptación por parte de los inversores.

En contrapartida es público y notorio cómo el mercado castiga a esas empresas que fallan en su gobierno corporativo o en el cumplimiento normativo, y para muestra: hace solo unas semanas las acciones de Facebook se desplomaron cuando se descubrió que Cambridge Analytica hizo uso de los datos de millones de sus usuarios, la actuación fue percibida como una evidente falta de ética empresarial que puede perjudicar muy significativamente a la Compañía ya que por ejemplo el banco escandinavo Nordea prohibió de forma temporal la adquisición de acciones de Facebook por parte de sus fondos.

Este ejemplo permite observar cómo un incumplimiento a la normativa de protección de datos y a la ética empresarial tiene un doble impacto negativo. Por un lado, las multas que se le pueden llegar a imponer a la empresa, y por el otro, el golpe reputacional que se tradujo en la caída en el precio de las acciones, y por lo tanto, en la pérdida de valor de la compañía.

La tendencia va en aumento y no parece que vaya a detenerse, pero ciertamente falta mucho para que las empresas españolas den un paso para adaptarse a esta nueva realidad, esperemos no llegar demasiado tarde.




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