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La irrupción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 con la introducción del art. 31 bis del Código Penal y su posterior reforma en el año 2015, ha supuesto una revolución en nuestro ordenamiento al exponer a las empresas a una serie de consecuencias penales por delitos cometidos, tanto por sus administradores de hecho como de derecho, así como por sus trabajadores y aquellos que ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.


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