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La firma de servicios jurídicos Hispajuris ha firmado un acuerdo de colaboración con el despacho de abogados portugués GPA Abogados para atender en Portugal las reclamaciones de los transportistas afectados por el cártel de fabricantes de camiones sancionados por la Comisión Europea, en demanda de una compensación por el sobreprecio sufrido en la compra de vehículos.

.- Hispajuris, que ya atiende estas reclamaciones en toda España, extenderá su servicio al país vecino, con la colaboración de la firma portuguesa conveniada para este fin, con la que compartirá el conocimiento jurídico tendente a optimizar la defensa de los intereses de los afectados, así como los informes periciales precisos para sostener las demandas. Como sucede en España, la prestación del servicio se hará con criterios de máxima proximidad a los afectados, con la participación de abogados presentes en todo el territorio portugués. 

Las reclamaciones judiciales se dirigen contra el cártel de fabricantes de camiones sancionado por la Unión Europea que provocó un alza en los precios de venta de los entre 1997 y 2011, y que afectó a camiones de peso medio (entre 6 y 16 toneladas) y camiones pesados (más de 16 toneladas.

La Comisión Europea descubrió que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault,  Daimler,  Iveco, DAF y Scania quebrantaron  el  Artículo  101  del  Tratado  de funcionamiento de la Unión Europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE, que prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio. La Comisión detectó que estos fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo durante 14 años (de 1997 a 2011) para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. Por estas infracciones, la Comisión impuso una multa récord de 2.930 millones de euros.

Ahora los compradores afectados pueden reclamar una compensación por el sobreprecio sufrido a causa de dicho pacto ilegal. Hispajuris atiende actualmente con un criterio de proximidad, gracias a sus 35 sedes distribuidas por toda España, a clientes de todas las comunidades, con un volumen total de unos 9.000 vehículos afectados.




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