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Uno de los resultados de la mala técnica legislativa en la que en ocasiones incurren nuestros parlamentarios es introducir en un texto normativo, cuestiones que nada tienen que ver con el título u objeto de la norma.

Es el caso de la Disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad. De forma sorprendente esta norma, introdujo en esa disposición nada menos que la "Relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos".



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