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El artículo 51 de la Constitución Española reconoce expresamente la necesidad de defender a consumidores y usuarios. En igual medida se pronuncia la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, la Directiva 93/13 CEE o el TRLGDCU.

En este sentido la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, y conforme a criterio de Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 establece los requisitos indispensables para considerar que una cláusula es considerada condición general de la contratación. Entre los mismas encontramos; contractualidad, predisposición, imposición y generalidad.

Dicha normativa faculta para que el consumidor pueda instar la nulidad por la abusividad de cualquiera de las clausulas que no sean claras, concretas sencillas y sobretodo, transparentes.



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