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Nuestra Constitución Española, en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada, pero supeditada ésta a la función social de la misma. Por su parte, el artículo 47 de la misma, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para cuyo fin corresponderá a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.



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