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La reciente sentencia 34/2017 del Tribunal Constitucional (BOE 7-4-2017) ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2013 (sustituido posteriormente por la Ley 11/2013), de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, en los arts. 43.2 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos (LSH), y 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. El recurso de inconstitucionalidad impugnaba los párrafos 5 y 6 del art. 43.2 LSH.



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