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Las leyes 39 y 40 de 2015 ya están aquí, y poco a poco, deberían ir surtiendo efecto. En cualquier caso, y aunque la administración digital por defecto no está todavía aquí, la consagración de la ciudadanía digital si. Es decir, en un modelo en el que toda relación de la Administración y con la Administración debería ser primordialmente digital, la ciudadanía debería ser digital. Esto significa que el ciudadano tiene, de una manera o de otra, una serie de derechos digitales explicitados en la norma. Temas como las condiciones de acceso, la disponibilidad del servicio, las garantías de seguridad, están detalladas en la normativa previa (la Ley 11/2007 especialmente) y actual. Y, sin embargo, uno no acaba de ver que esto sea tan así del todo.



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