Directorio es el servicio de Law&Trends para buscar abogados y profesionales jurdicos

LawAndTrends


Imagen incrustada desde la fuente original

Actualmente son muchos los casos que aparecen en la prensa sobre la corrupción como consecuencia, fundamentalmente, de la existencia de facturas o contratos falsos o con comisiones ilegales.

Pero a nosotros, al margen de la posible existencia de dichas situaciones, desde el punto de vista técnico lo que nos interesa es la problemática que se crea con la existencia de facturas o contratos de pequeña cuantía cuya acumulación excede del contrato menor y las consecuencia que ello supone en unas Entidades Locales con escasos recursos, donde es difícil en muchas ocasiones detectar que existe un fraccionamiento del contrato o, existiendo, es de tan escasa cuantía que no se presta atención a la prolongación en el tiempo de las prestaciones.

Esta situación que podría dar lugar, en su caso, a una nulidad o anulabilidad por falta de procedimiento, se complica cuando se plantea si el contrato es nulo o no, pero no en sede de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino ante la jurisdicción penal, para determinar si nos encontramos ante la comisión de un delito de prevaricación administrativa, donde por la naturaleza y los importes es muy probable que no se haya fiscalizado, por lo que el Secretario, el Interventor o Secretario-Interventor están abocados, como mínimo, a una “pena de banquillo”.

La sociedad en la que vivimos es una sociedad de extremos, no encontramos el punto de equilibrio, o no pasa nada o todo es un delito.

Pero las cosas hay que valorarlas en su punto medio, adecuado en el contexto de la Entidad Local y de los medios de que ésta dispone y, sobre todo – a nuestro juicio – no pueden valorarse con criterios de hoy actuaciones de hace seis, siete u ocho años.


Leer noticia completa.



No hay comentarios.


Hacer un comentario

He leido y acepto los términos legales y la política de privacidad