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El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid declaraba nulo recientemente en una sentencia el contrato público que obliga a una empresa a asumir los trabajadores de la adjudicataria anterior.

Basa su decisión en que la subrogación de personal supone una desventaja para las empresas interesadas en licitar –debido a la incertidumbre que implica en cuanto a los costes de personal-, e indica que no está prevista en el convenio colectivo de aplicación y tampoco fundada en ninguna motivación objetiva. También, en que la Administración, a través de sucesivas subrogaciones de personal no pactadas convencionalmente, se posicionaría en este caso como empleador sin capacidad de negociación, al ser un tercero en las relaciones laborales entre empresa y trabajadores.



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