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Uno de los temas que más debate judicial ha generado últimamente es si la Administración expropiante es realmente “responsable subsidiario” en el pago de los justiprecios expropiatorios cuando el verdadero sujeto obligado, la parte beneficiaria de la expropiación (Art. 5 REF), no puede hacer frente a esta a obligación bien porque “desapareció” al no ser capaz de soportar la dura crisis socioeconómica vivida o, bien, porque se encuentra inmerso en la actualidad en una situación concursal que le impide cumplir con sus obligaciones.

En ambos casos, el único damnificado es la parte expropiada que se encuentra privada de un bien de su titularidad por causas de utilidad pública o interés social y bajo la “amenaza” de no recibir en contraprestación el pago del justiprecio que garantice el mantenimiento de su equilibrio patrimonial tal como le reconoce nuestra Carta Magna en su art. 33.3 (=”Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”).



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