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La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, participó el sábado 29 de octubre en el Senado Internacional de Colegios de Abogados, que se organizó en el 60º Congreso de la Unión Internacional de Abogados (UIA) celebrado en Budapest. 


En su intervención, Victoria Ortega abordó el tema “La protección de la confidencialidad del cliente y la divulgación de información para luchar contra el blanqueo de capital”, centrando su intervención en la defensa del derecho de defensa y del secreto profesional.

Congreso UIA BudapestVictoria Ortega denunció que “las actividades que subyacen al blanqueo de capitales” atentan “contra los derechos de las personas o la estabilidad política, jurídica y financiera de los Gobiernos elegidos democráticamente” y socaban los cimientos del Estado de Derecho, puesto que “sus consecuencias se traducen en un recorte de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, de los derechos civiles de los ciudadanos, con la consiguiente merma de las garantías democráticas”.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía incidió en la importancia de la legislación sobre blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo, pero advirtiendo que la prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa de la vulneración del derecho de defensa, “un principio fundamental en un Estado de Derecho”.

Recordó que la obligación de prevenir y perseguir el blanqueo corresponde a las instituciones públicas, terreno en el que “los abogados no pueden en ningún caso ni ejercer potestades públicas ni paliar la ineficacia o incapacidad de la Administración para prevenir y perseguir estas actividades delictivas por su carencia de recursos humanos o tecnológicos”, aunque también añadió que la Abogacía institucional no va a cerrar los ojos si un abogado es conscientemente parte de las actividades delictivas de un cliente.

Congreso UIA BudapestVictoria Ortega reiteró que la Abogacía Española cree necesaria la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que establezca mecanismos de protección del secreto profesional, incluyendo los estados previos a la defensa procesal, como la consulta y el asesoramiento, respetando la confidencialidad de las comunicaciones y reuniones. Y subrayó que “el secreto profesional constituye la esencia y el principio fundamental del derecho de defensa. Cualquier norma que pretenda suprimirlo o limitarlo implica una merma del derecho a la defensa y por consiguiente afectaría al propio Estado de Derecho. Y desde luego, ninguna Abogacía del mundo podría consentirlo”. Asimismo, explicó que la Abogacía ya ha trasladado un borrador al anterior Gobierno de España en esta materia, y se retomará la iniciativa en esta nueva legislatura.

 

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