La sospecha de haber cometido actos ilícitos se cierne sobre las personas defensoras de derechos humanos que prestan apoyo y acompañamiento a quienes intentan alcanzar el territorio español. A estos últimos se suman aquellos familiares cuando deben acudir a identificar los cuerpos, reclamar su repatriación y esclarecer los hechos que explicarían el fatal desenlace de vidas malogradas. Y se estima que ya son alrededor de 300 las personas que han perdido la vida en el intento de alcanzar las costas española durante el 2016. Y en 2017 se cree que las cifras pueden ser mayores, ya que el número de personas que cruzaron el Estrecho aumentó significativamente, de 10.200 en 2016 a 18.500 en 2017.
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos denuncian la falta de voluntad por parte de la Administración Pública para cumplir con sus obligaciones legales. Los últimos episodios ha puesto de manifiesto, además, que las personas defensoras que alzan la voz para denunciar la situación y procuran un acompañamiento a los familiares pueden ser objeto de críticas y gravísimas acusaciones que resultarían en una estigmatización social de su labor cuando no en una criminalización que podría acarrear consecuencias penales.
Los casos recientes de Jose Palazón y Helena Maleno así lo demuestran. El primero trabaja para la ONG de Melilla Prodein y su valiosa labor en defensa de los derechos de las personas migrantes le ha valido numerosos reconocimientos, entre los que se incluye el Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española otorgado en el 2016. El pasado 4 de enero, Soufiane, menor de 17 años apareció muerto en su cama en el centro de menores Gota de Leche (Melilla) donde residía desde el pasado 26 de diciembre. Al día siguiente, el padre del menor se desplazó a la ciudad autónoma desde Casablanca gracias a la llamada realizada por Prodein, pero no consiguió ser recibido por ningún organismo oficial en los 4 días siguientes a su llegada.
En ese tiempo tuvieron ocasión de coincidir con los familiares de Mamadou Barry, menor también de 17 años, que fue hospitalizado el 24 de noviembre de 2017 tras sufrir varias paradas cardiorrespiratorias y falleció el 22 de diciembre tras pasar más de 20 días en coma. Según la información publicada, no hubo comunicación oficial a su familia ni gestiones conducentes a posibilitar el reconocimiento del cuerpo.
En relación con el primer caso, el Consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura criticó duramente a Jose Palazón del que dijo expresamente: “a Palazón no se le puede llamar ONG porque lo que tiene es una lucha personal, no sé contra quién, y lo único que hace es ponerse medallas y no contribuye en absoluto a la mejora de la vida de los niños. Lo único que es capaz de hacer es mantenerlos en la calle, parece ser que si no hubiera menores en las calles de Melilla, Palazón no existiría. Si no hubiera saltos a la valla, Palazón no existiría. Desgraciadamente vive de esto, de la desgracia, de los fangos”.
Preguntado por la aparente falta de atención a los familiares que desean conocer las causas del fallecimiento así como reconocer el cuerpo y en su caso reclamarlo, el Consejero puso en tela de juicio la filiación parental y valoró las circunstancias del fallecimiento en los siguientes términos: “no voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo. No nos pueden dar una imagen totalmente falsa, como que ha llegado a España para trabajar y estudiar, cuando realmente vivía en la escollera y tenía problemas de drogadicción”.
Por último, el Consejero manifestó su deseo expreso de que pudieran derivarse responsabilidades penales por hechos atribuibles a José Palazón: “Esto es lo único que aporta José Palazón a la ciudad, aparte de mentiras y calumnias. Deseo y espero que este señor, por llamarle de alguna manera, termine en el juzgado pagando con una querella criminal en cuanto todo esto se resuelva”
En fechas recientes, la amenaza de las investigaciones penales a las personas defensoras se ha tornado real tal y como demuestra el caso de Helena Maleno, defensora cuya labor cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado en torno a su causa y cuyos méritos dieron lugar a la concesión del Premio de Derechos Humanos de la Abogacía Española “Nacho de la Mata” el año 2015.
Tras archivarse en España por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional una investigación iniciada para averiguar la posible comisión de un delito de tráfico de personas, el caso fue reabierto en Marruecos y Helena fue llamada a declarar ante la autoridad judicial el 10 de enero como sospechosa de un delito de tráfico de personas y asociación de malhechores para delinquir.
Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación Abogacía Española, se desplazó hasta Tánger para acompañar en todo momento a Maleno. Mantuvo asimismo una reunión con el Cónsul General de España en Tánger, a la que también asistieron como miembros de la delegación desplazada en apoyo a la defensora, Francesc Mateu y Francisco Cristobal en representación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-CONGDE y la Red Intraeclesial Migrantes con Derechos respectivamente.
Palazón y Maleno son quienes hoy padecen las consecuencias de atreverse a defender a las personas migrantes. Todas las personas y entidades que desde nuestros respectivos ámbitos de actuación queremos coadyuvar en un causa que nos concierne directamente como sociedad están hoy llamadas a #DefenderAQuienDefiende.
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