Noche de gala en el Club Siglo XXI; uno de los referentes a nivel de debate de nuestro país que abrió sus puertas este martes al mundo jurídico para hablar de cambios, modernización de justicia y buscar solución a la corrupción, según el CIS, tras el paro el segundo problema más importante para los españoles.
En un debate moderado por Paloma Segrelles participaron Juan Ospina, presidente de AJA Madrid, Sonia Gumpert, decana del ICAM, quien presentó a los asistentes, Alberto Mata, Director Legal de Deutsche Plandbriefbank AG en España y Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Secretaria general de Fundación Hay Derecho quien habló de la situación de la corrupción y de cómo los juristas deben implicarse.
En el auditórium muchas caras conocidas como Victoria Ortega, presidenta del CGAE que llegó acompañada de Joaquín Ruiz Giménez, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo o Pedro Núñez Morgades, exdefensor del Menor y hoy vinculado a Legálitas y su Fundación entre otras personalidades.
La idea de cambio en nuestra justicia estuvo presente para que sea menos politizada, así como la necesidad de una participación más activa de la abogacía en la lucha contra la corrupción.
Han fallado los controles preventivos de la corrupción
Un foro esencialmente político como es el Club Siglo XXI volvió a abrir sus puertas, tras aquel debate organizado por Manuel Campo Vidal y diferentes juristas con representantes de los partidos políticos para volver a hablar de justicia. Una justicia que no pasa por su mejor momento y en el que la lacra de la corrupción le quita mucha credibilidad.
Fue Elisa de la Nuez quien señalo que según el CIS es el segundo problema que identifican los españoles como graves. “La corrupción política se ha generalizado porque han fallado los controles preventivos. Ya no hay esos controles y esos profesionales independientes porque los políticos designan a personas de su confianza. Es necesario volver a otro escenario anterior y que se vuelvan a poner en marcha estos controles preventivos”.
A pregunta de este periodista sobre si un gobierno de pactos como el que parece que viene podría ayudar a combatir la corrupción, señaló que es posible que así fuera, aunque también dejó claro que el problema de la corrupción está ligado a la falta de voluntad política por combatirla.
Proteger la separación de poderes
Las intervenciones de los jóvenes juristas sirvieron para señalar su compromiso con el cambio, un cambio necesario en nuestra justicia que va desde la despolitización de la misma, donde el sistema de nombramientos del CGPJ, ahora en manos de los partidos políticos, no es el más deseable.
Fue Juango Ospina, presidente de AJA Madrid y abogado penalista, quien señalo “la necesidad de proteger la separación de poderes con una justicia de calidad que fuera garante de nuestro Estado de Derecho”, indicó. También mostró su preocupación por la independencia judicial, elemento clave para la seguridad jurídica de los profesionales y los justiciables: “es fundamental que haya cierta certidumbre en las decisiones judiciales para que los inversores elijan a España como país de destino de esas iniciativas.
Por último señaló la necesidad de un cambio profundo en los planes de estudio para mejorar los ratios de desempleo que existen en la carrera de Derecho, en la actualidad 1 de cada 2 licenciados acaban en el paro. “Es necesario un cambio de estudio y mayor flexibilidad para estos jóvenes profesionales cuando quieran irrumpir en el mercado profesional de la abogacía”, apuntó.
Impulsar el Pro Bono
Mientras Ospina recordó a los asistentes que hay cerca de 55.000 abogados jóvenes en nuestro país, dispuestos a colaborar por un futuro mejor de la profesión de abogado y de nuestra justicia, la intervención de Alberto Mata, antes letrado de Gómez Acebo y Pombo y ahora en un banco alemán en España, sirvió para explicar la evolución del pro bono, asesoramiento gratuito que se da a ONGs o entidades sin recursos, pero con la misma calidad que cualquier cliente, en España.
El propio abogado recordó como esa práctica era un elemento muy valioso en EEUU y los letrados de allí tenían que hacer 50 horas al año en estos temas. “En España esta práctica ha llegado apenas hace unos años a nuestro país. En algunos colegios como ICAM o ICAB se impulsa, pero aún hay mucho trabajo por hacer”.
En este contexto habló de las clínicas legales, muchas de ellas vinculadas a Universidades como Rey Juan Carlos o ICADE COMILLAS, donde los jóvenes juristas realizan su labor de asesoramiento coordinados con letrados más expertos en entidades sin ánimo de lucro. Una iniciativa que está convirtiendo al pro bono en un elemento que progresa, sin prisa pero sin pausa, por todo el territorio nacional.
