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En unos días de cierta controversia en relación a los cambios en nombramientos de fiscales jefes y que se ha denunciado que parte de los mismos pueden obedecer a criterios ideológicos y, en que el fiscal López Bernal ha denunciado amenazas sobre fiscales de Murcia para que no investiguen la corrupción, también se ha tenido conocimiento de la existencia de unas prolongadas y llamativas (por lo inhabitual) diligencias de investigación por el Consejo General del Poder Judicial sobre el juez Manuel Ruiz de Lara, que además de haber suscitado cuestiones prejudiciales ante el TJUE en materia hipotecaria, es el portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. En el curso de estas investigaciones se le ha interrogado al respecto de los autores de unos informes críticos sobre nombramientos del citado órgano (CGPJ).  

Profesionales de diferentes asociaciones y agrupaciones tanto de la Fiscalía como de la Judicatura han mostrado su inquietud y preocupación por estos hechos. Lo hemos hecho también abogados a título individual que hemos tenido conocimiento de los mismos a raíz de las noticias publicadas. En la abogacía por tanto han sido reacciones individuales en un momento en que la atención del colectivo parece estar preocupada por otras cosas como es el IVA en el turno de oficio.

​Sin embargo, resulta altamente preocupante que se produzcan nombramientos en puestos importantes sin que se valoren méritos ni capacidades, que pueda atenderse como criterio relevante al servilismo y peloteo; que quien tenga que perseguir la corrupción diga que se siente amenazado y que quien es crítico con el sistema sea sometido a un proceso inquisitorial. Me preocupa tanto como jurista como ciudadano.

Sin embargo, si atendemos a la cuenta de Twitter del Consejo General de la Abogacía Española la preocupación de la abogacía institucional ha estado en el antedicho tema del IVA en el turno de oficio y en la elección de once nuevos consejeros del CGAE. Silencio absoluto ante las preocupantes cuestiones que indico.

Claro que resultaría chocante que la abogacía institucional denunciara la existencia de nombramientos sin tener en cuenta mérito y capacidad cuando acaba de realizar unas elecciones a cubrir consejeros con abogados de reconocido prestigio en el que no se ha evaluado el más mínimo curriculum (como no todas las mentes electoras son despiertas, reitero que lo que critico es el sistema de elección y no el mérito o demérito de los elegidos, al no aportar el más mísero curriculum no tengo criterio de valoración para ello). Pero me resulta desagradable que la abogacía institucional nada diga y tenga el silencio más absoluto ante episodios que afectan a la independencia tanto de fiscales como de jueces.

Una cosa es la neutralidad política y otra dar el debido apoyo a lo que debería ser normal y no extraordinario, que fiscales y jueces tengan un escenario de independencia y que el mismo se respete. Vaya desde aquí mi humilde apoyo a esos fiscales y jueces que se esfuerzan a riesgo de represalias y de no hacer carrera, por denunciar estas situaciones. Ellos sí que son juristas de prestigio.




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