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En el espíritu de ser un Colegio útil para la abogacía madrileña, de atender las demandas y solicitudes de las asociaciones, el diputado secretario José Ignacio Monedero ha estado presente en la comparecencia del letrado Javier Ledesma, presidente de ADADE, ante la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado.

Esta actuación ha tenido lugar como respuesta a la petición de Ledesma, tras haber sido citado de comparecencia urgente, conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, en virtud del cual el ciudadano requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. Bajo la presidencia de Ledesma, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) ha ejercitado la acción popular en los casos denominados Gürtel, Púnica y Lezo. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el ámbito de sus obligaciones de velar por el ejercicio profesional, ha de demandar respeto y consideración por parte de todo tipo de entidades y estamentos, o sus portavoces, a quiénes legítimamente ejerzan la dirección letrada de la acusación popular, parte procesal de hondas raíces en nuestro sistema.

La acción popular faculta a cualquier ciudadano para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos (v.g. aquellos que cuando se atacan afectan a la generalidad de la sociedad, como pueden ser los casos de prevaricación y corrupción). Se trata de una figura consagrada en el artículo 125 de nuestra Carta Magna que responde a la intención de democratizar la justicia penal. Además, está expresamente reconocida a corporaciones, asociaciones y grupos de afectados en el artículo la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Privar de esta acción a cualquier colectivo o ciudadano, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma, implica un ataque al derecho de tutela judicial efectiva. 

Igualmente, la Junta de Gobierno reitera su compromiso en defensa del ejercicio profesional dentro de la Administración de Justicia, así como de la figura del abogado como operador fundamental para la pervivencia del Estado de Derecho.




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