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  • Recalcan el carácter obligatorio y gratuito de este servicio

El Congreso de los Diputados ha dado el martes 9 de mayo el primer paso para garantizar que los abogados y procuradores del Turno de Oficio sigan exentos de pagar el IVA, situación en la que se encontraban antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminase que la asistencia jurídica gratuita tenía que tributar.

El Pleno de la Cámara baja ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley presentado por el PP y PSOE –e inicialmente por Ciudadanos, que se retiró para no gastar su cupo de iniciativas– que busca reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar que los profesionales del turno de oficio estén exentos de pagar el IVA.

Aunque la votación no tendrá lugar hasta el jueves 18 de mayo, todos los grupos parlamentarios han anunciado su voto a favor de admitir la iniciativa, salvo Unidos Podemos, que se abstendrá. La tramitación parlamentaria se completará la próxima semana, el día 18, cuando se apruebe la reforma legal y se remita al Senado.

La diputada del PP María Jesús Moro Almaraz ha destacado que con esta iniciativa se pretende que los poderes públicos “refuercen y garanticen” la prestación de este servicio obligatorio y gratuito. “Este modelo de servicio público forma parte del Estado social y democrático de Derecho”, ha añadido.

La ‘popular’ ha apuntado que se debe defender la gratuidad de este servicio porque garantiza la tutela judicial efectiva y reconoce la “atención de los más vulnerables”. El carácter obligatorio y gratuito subvencionado por el Estado ha sido uno de los puntos que más ha resaltado por el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.

“Atrapado en la red de tributos”

El diputado socialista ha recordado que la Agencia Tributaria ha entendido que los abogados de oficio están exentos del IVA antes de que el TJUE fijase que la asistencia jurídica pagase impuestos, en respuesta a una consulta realizada desde Bélgica. Además, ha insistido en que el interés de modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita es para que “no se vea atrapado en la red de tributos, que nunca lo estuvo”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez, ha asegurado que la asistencia jurídica gratuita es un “pilar básico” de la democracia y ha precisado que los letrados y procuradores que hacen efectivo este servicio “no reciben el reconocimiento que se merecen por parte de las Administraciones Públicas”.

En esta línea, ha indicado que las cantidades con las que se subvencionan a los profesionales ni están actualizadas, ni son homogéneas en todo el territorio español. Es más, ha apuntado que el Turno de Oficio español debe seguir exento de tributar porque es un servicio público y que no se puede adoptar el criterio del TJUE porque el modelo belga “no es igual” que el español.

Esto mismo ha sido defendido por el peneuvista Mikel Legarda que ha resaltado que el sistema de asistencia jurídica gratuita tiene una naturaleza distinta a la de Bélgica. Además, ha aseverado que al ser un servicio público y sometido a “disciplina pública” la obligación de ser retribuida es “irrenunciable”.

Vocación de los letrados

El diputado de Podemos Eduardo Santos ha puesto en duda que los abogados que trabajen en el Turno de Oficio lo hagan “voluntariamente”, tal y como dice la normativa. Según el parlamentario de la formación ‘morada’, este servicio es prestado por “mucha gente con una vocación impresionante, pero lo hace de forma involuntaria, lo hace porque se lo cree”.

Por otro lado, el ponente de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha recalcado que con la tramitación de esta proposición de ley se “pone fin a la confusión generada” por la interpretación de tener que aplicar a los prestadores de la asistencia jurídica gratuita el 21 por ciento de IVA. En este sentido, ha hecho hincapié que garantizar la prestación de este servicio supone “avanzar en la confianza ciudadano y abogado” y ha aprovechado para subrayar que es necesario la “modernización” de la justicia para adaptarla a las “realidades sociales y económicas”.

Por último, Compromís y los independentistas catalanes han subrayado que el texto que pretenden aprobar el PP y PSOE incurren en incoherencias sobre quien tiene la obligatoriedad de prestar este servicio gratuito al ciudadano, si los colegios de abogados o los propios letrados. Así lo han dicho los portavoces de Justicia de PDeCAT, ERC y Compromís, Lourdes Ciuró y Ester Capella y Enric Bataller, respectivamente.

MÁS INFORMACIÓN: ORDEN DEL DÍA

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