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La subdirectora general de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, María de los Desamparados Mahíques, ha dado con su ponencia el punto de partida a las XXXVI Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica (EPJ) inauguradas ayer en Santa Cruz de Tenerife, y que finalizaran este viernes.

Mahíques, en el marco de la mesa redonda centrada en “Sistema de acceso a la profesión”, moderada por el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta Areces, ha señalado que “al igual que por parte del Ministerio de Justicia hemos sido defensores a ultranza de la retirada del I.V.A. para garantizar una asistencia jurídica de calidad, defendemos también la necesidad de una formación específica y experiencia profesional determinada para poder acceder al Turno”. En el mismo sentido, con las pruebas de acceso, apuntó “queremos que siga existiendo equidad en el número de organismos que componen la Comisión de Evaluación”. Señalando también que “ha habido un cambio en la reivindicación de los alumnos, y por tanto, ha habido un cambio en la prueba de acceso”. Además recalcó la importancia de la evaluación por especialidades y explicó varios requisitos a la hora de realizar el máster y los créditos para conseguir la homologación.

Elena Sánchez, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de la Laguna, debatió sobre la especialización de Máster de Acceso a la Abogacía y la idea de hacer itinerarios y la posibilidad de aprobar dobles títulos para ello, así como las ventajas e inconvenientes de realizar master online y las prácticas en el extranjero. En su opinión, “aprobar dobles títulos facilita la captación de estudiantes desde el punto de vista de las universidades, y evitaremos también la puesta en marcha de master con pocos alumnos”.

La directora de la EPJ de Badajoz, María Eugenia Parra,  se centró en tres cuestiones, “cómo conseguir un master principalmente práctico, la prioridad de que la formación sea práctica y que no se pierda y la necesidad de dar a cada alumno de perfil diferente la formación que demanda: obligación, práctica o reciclaje”, declaró. Insistió en la necesidad de los exámenes prácticos escritos y orales y no quiso dejar de apuntar que “fomentamos la participación de los alumnos en la formación continua, bien accediendo de forma gratuita a algunos cursos o teniendo bonificaciones”, concluyó.

Por otro lado, Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, expuso los aspectos económicos de los cursos formativos. Según el decano, “la formación continuada es una grata fuerte de financiación para el Colegio de Abogados”. Además, continuó, “contamos con los clientes- abogados-, sabemos lo que necesitan y organizamos una formación ad hoc”.

Las jornadas continuaron por la tarde con la mesa redonda “Competencias tecnológicas en el ejercicio de la profesión”, moderada por Esther Medina, secretaria de la Junta de Gobierno del mismo Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

El primer ponente, Rafael Guía, responsable de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Valencia, expuso las competencias digitales que debe tener el abogado en un futuro e hizo un análisis de la situación actual. Insistió en la necesidad de formar en esta materia- comunicación en redes sociales, realización de contratos online y bibliotecas digitales- e incluir un master de acceso para tener la formación necesaria en competencias digitales. “La digitalización de la Abogacía ya no es un reto, es una realidad”, afirmó. Además sugirió la idea de crear una biblioteca nacional digital desde el Consejo General de la Abogacía Española. Por último, concluyó que “la formación es un elemento fundamental de mantener los Colegios de Abogados y por ello deberíamos hacer un esfuerzo para impartir una formación en competencias tecnológicas”.

Por su parte, Maitane Valdecantos, jefa de Estudios de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Bizkaia, comenzó explicando que ha surgido un fenómeno, el de los delitos tecnológicos y recalcó que “tenemos que introducir estos escenarios, bien en formación inicial o en formación continua. Existen carencias formativas en pruebas tecnológicas en Colegios de Abogados y EPJ. Es más, necesitamos investigar delitos tecnológicos y ponerlos en marcha para dar una buena defensa”. Por tanto, terminó afirmando que “no podremos dar formación de calidad si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías que ya tenemos y que están por venir”.

Por último, Francisco Escuela, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, manifestó las competencias tecnológicas que debe tener el abogado en el ámbito de la comunicación electrónica con la Administración de Justicia, Lexnet. Insistió en la necesidad de la firma electrónica, de los formatos y soportes aptos, de la interacción con la gestión del despacho, de las obligaciones y consecuencias legales en el uso de internet y de la interacción con otros profesionales jurídicos. En este sentido afirmó que “tenemos que tener un conocimiento del funcionamiento de Lexnet, no podemos dejárselo a un tercer profesional”. Además, insistió en la opción de la formación vía digital. “Ya hay herramientas, fáciles de acceder, que a los profesores nos sirven para impartir clase y son las aulas virtuales de la Universidad”. En este sentido, apuntó que “no suplimos las clases prácticas, pero tenemos la ventaja de ahorrar un coste importante a los Colegios de Abogados, garantizando también la seguridad en los datos”.

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