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  • Cada día, en todo el mundo, numerosos abogados y abogadas son perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados, asesinados o víctimas de desapariciones forzadas debido a su compromiso y labor en pro de la defensa de los derechos y libertades fundamentales, y de la consecución de un verdadero Estado de Derecho. La situación de vulnerabilidad y exposición a represalias de estos abogados se acrecienta en la medida en que son identificados con sus clientes o con la causa sensible que defienden.

El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD por su siglas en francés) fue impulsado en mayo del 2015 por el Consejo General de la Abogacía Española, el Conseil National des Barreaux,  la Ordre des Avocats de Paris y el Consiglio Nazionale Forense con el objetivo de completar las iniciativas puestas ya en marcha por los abogados y las organizaciones de abogados en todo el mundo para garantizar el derecho a ejercer libremente y con total independencia la profesión, corolario del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, y elemento determinante para la efectividad del Estado de derecho.

Colombia es uno de los países en los que los profesionales de la Abogacía sufren un riesgo cierto por ejercer su profesión. El abogado Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), explica en esta entrevista cuál es la situación en ese país

Pregunta.- ¿Cuál es su experiencia profesional y qué es el CCAJAR?

Respuesta.- He sido defensor de sindicalistas perseguidos y encarcelados por razón de su ejercicio sindical, también he apoderado familiares de sindicalistas asesinados, que en Colombia son más de 3000. Desde hace 24 años formo parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), una ONG  defensora de derechos humanos,  entendidos integralmente (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, del medio ambiente y paz). El CCAJAR apodera víctimas del Estado y del paramilitarismo, especialmente en crímenes como masacres, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual en el contexto del conflicto, desplazamiento forzado. También hace acompañamiento a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en defensa de su territorio y demás derechos fundamentales. Actúa ante tribunales nacionales e instancias internacionales de justicia y complementa su trabajo jurídico aportando en la formación y organización de las víctimas para facilitar su acceso a la justicia en defensa de sus derechos

P.- ¿Cómo vive la abogacía colombiana el anuncio de los nuevos acuerdos de paz y en qué forma cree que puede contribuir en particular CCAJAR a su implementación?

R.- La solución política al conflicto armado ha sido siempre una aspiración de la sociedad colombiana. El CCAJAR desde los años noventa ha aportado en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo entre el Estado y movimientos guerrilleros. En relación al actual proceso, elaboramos una propuesta de Tribunal de Justicia para la Paz, la cual presentamos al gobierno y a las FARC-EP. También formamos parte del Grupo Nueva York compuesto por un grupo de juristas de diferentes nacionalidades cuya función consistió en presentar propuestas en materia de justicia a la mesa de negociaciones.

La implementación efectiva de los acuerdos es el nuevo reto. Al CCAJAR le corresponde procurar que los máximos responsables respondan ante la justicia,  apoyar a las víctimas para que elaboren los informes que presentarán ante este tribunal y ante la Comisión de la Verdad, contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, y en general, acompañar a victimas y comunidades en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos. Este camino no va a ser fácil. Se ha incrementado el número de asesinatos de activistas sociales, lo que hace temer un aumento de la violencia y persecución contra defensores de derechos humanos. Esto exige una participación decisiva de la sociedad, incluyendo el CCAJAR, y un apoyo total de la comunidad internacional, que debe afianzar la supervisión de la situación colombiana, incrementar el apoyo a las organizaciones sociales y velar por el cumplimiento de los acuerdos.

P.-  ¿Tienen alguna prioridad en el desarrollo de los acuerdos?

Para el CCAJAR es estratégico trabajar sobre las Garantías de No Repetición, esto es,  hacer propuestas y exigir la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado, y adoptar las medidas necesarias para que los hechos no se repitan y se garantice el derecho a la participación política, sin que ello, origine ataques a la vida y a los derechos fundamentales de las personas y comunidades. Es ideal contar con una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición.

P.- ¿Cuáles son los desafíos y amenazas principales en la actualidad para el ejercicio de la Abogacía en Colombia?

R.- Me interesa resaltar la persecución sistemática y generalizada  contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el CCAJAR. La cúpula militar activa y retirada,  así como altas autoridades civiles, estigmatizan  nuestra labor, calificándola como “guerra jurídica”, lo cual en un contexto de grandes conflictos incrementa el riesgo contra nuestras vidas.  Los organismos de inteligencia estatales y la fuerza pública es formada en doctrinas contrarias a los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos, como sucede con la vigencia de la doctrina de seguridad nacional y su nefasto concepto de “enemigo interno” categoría en la que son incluidos los defensores de derechos humanos. De hecho, durante los ocho años de gobierno de Alvaro Uribe, fuimos perseguidos, amenazados, hostigados y vigilados por el DAS, la agencia presidencial de inteligencia, persecución que se extendió a nuestras familias. En el actual gobierno también hemos denunciado situaciones de persecución por parte de agencias de inteligencia.

Otra amenaza enorme es el paramilitarismo, una estrategia de Estado usada para eliminar a los opositores y críticos. El gobierno actualmente niega que el paramilitarismo persista, y alega que fue desmontado. Los retos son eliminar de la formación militar y de las agencias de inteligencia las doctrinas que promueven las violaciones de derechos humanos. Es imperativo que se desmonte definitivamente a las organizaciones paramilitares y se rompa todo vínculo del Estado y sus agentes con esas organizaciones criminales. Adicionalmente, la abogacía debe gozar de todas las garantías, de modo que  su ejercicio no sea causa de persecuciones ni ataques contra la vida de los profesionales del derecho

P.- ¿Cómo cree que puede contribuir la comunidad internacional frente a estas amenazas?

R.- Lo primero es tener presente que la firma de los acuerdos no trae de forma automática la solución a la violencia que ha imperado en el país. En este periodo han aumentado de manera alarmante los homicidios de dirigentes y activistas  sociales: durante los últimos tres años de negociaciones han sido asesinados más de 160 defensores de derechos humanos. Así que la lucha por el cumplimiento de los acuerdos  puede traer  una mayor oleada de violencia política. Además, no toda violencia política se explica por la existencia del conflicto armado, así que al menos a mediano plazo, van a continuar las violaciones de derechos humanos, las comunidades van a seguir sufriendo  los rigores de la violencia y la exclusión.

Por eso, la comunidad internacional no debe considerar que la firma de los acuerdos trae ipso facto la paz y, en consecuencia, debe incrementar su presencia en terreno,  asegurar la implementación de los acuerdos, brindar respaldo económico y político a las organizaciones sociales, apoyar a las organizaciones de derechos humanos y exigirle al gobierno que las rodee de garantías, hacer visible la situación de riesgo en la que ejercemos el trabajo los activistas sociales y los defensores de derechos humanos, impulsar programas dirigidos a la protección y seguridad de las y los defensores de derechos humanos

P.- ¿Qué tipo de apoyo cree que debería ofrecer el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo?

R.- Considero que son múltiples los apoyos que puede ofrecer.  De un lado, el respaldo esencialmente político, como difundir  los riesgos, actuar y reclamar ante las autoridades de cada país comprometido, hacer visitas o misiones en terreno a abogados en riesgo o detenidos en razón del ejercicio de su profesión etc. En materia jurídica, sería ideal la participación mediante amicus curiae en casos que involucren a abogados en riesgo; presentar casos en instancias internacionales en coordinación con las organizaciones afectadas; contribuir en la formación de abogados y autoridades en materia de libertad y derechos en el ejercicio de la abogacía; posibilidad de hacer intercambios o pasantías etc. Es importante también que se desarrollen programas para que abogadas y abogados en riesgo puedan salir de sus zonas o países de riesgo de manera temporal, ofreciendo espacios de denuncia y de formación.

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